En declaraciones a los periodistas en el Consistorio, Mayer aseguró que las informaciones que se han publicado sobre la retirada de ocho vestigios que datan del franquismo ordenada por el Gobierno municipal “no se ajustan a lo que hemos dicho desde el equipo de gobierno”.

La concejala afirmó que el Ayuntamiento tiene “la obligación de cumplir la Ley de Memoria Histórica”, que según ella se cumple en todas partes salvo la Comunidad de Madrid, y recordó que ya en el pleno de diciembre el Gobierno municipal anunció, junto a la aprobación del Plan Integral de la Memoria para abril, la retirada inmediata de los nombres de resonancia franquista de 30 calles de la ciudad y de varios vestigios o placas.

Justificó además que para retirar dichos vestigios, que son de titularidad municipal, el Ayuntamiento no necesita autorización de nadie, y al no ser tampoco bienes de interés cultural (BIC), tampoco tiene que pronunciarse la Comisión de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Mayer criticó lo que le parece una “actitud irresponsable” del PP, porque “un partido democrático tiene que hacer una lectura democrática de lo que ha pasado en ese país”, de acuerdo con la ley y lo que dicen las instituciones internacionales, como en su opinión está haciendo el Gobierno municipal.

La delegada no aclaró en base a qué criterios se han retirado las placas dedicadas al político José Calvo Sotelo, asesinado en 1936 en los prolegómenos del golpe de Estado, y a nueve monjes carmelitas que también murieron a manos de defensores de la República.

Sólo dijo que son criterios “que marca la ley”, la cual no se limitaría a establecer la retirada de homenajes a motivos franquistas sino que también prevé la de exaltaciones al martirio realizadas por el propio franquismo. Y además defendió el derecho del Ayuntamiento a retirar placas de titularidad municipal aunque se encuentren en el exterior de recintos privados de propiedad de la Iglesia como un cementerio.