Esa cifra supone un incremento del 63,4 por ciento respecto a 1992 y constituye la cifra más elevada de trabajadores regulados desde 1985, cuando los afectados fueron 593.394. El máximo se alcanzó en 1984, con 694.683.

Las empresas recurieron más a todas las modalidades de regulación: los despidos colectivos, en los que se vieron inmersos 118.744 trabajadores; la suspensión temporal del empleo, con 391.139; y la reducción de la jornada habitual, con 47.263.

Cuatro de cada cinco regulados trabajaban en el sector industrial, el más golpeado por la crisis económica, aunque la evolución fue aún peor en la construcción y los servicios, que duplicaron el contigente de afectados.

Un análisis más pormenorizado por ramas de actividad poe de manifiesto que casi la tercera parte del total pertenecen a empresas del automóvil o industria auxiliar del ramo, a las que siguen las del metal y las de construcción de maquinaria.

Los despidos colectivos, que crecieron un 42,6 por ciento, se centraron especialmente en las empresas del metal, con más de 10.000 empleados que perdieron su puesto de trabajo por esta vía, por delante de la construcción y el textil, con más de 7.000, y las industrias de la alimentación, con unos 5.000.

Las otrasmodalidades menos drásticas de regulación laboral crecieron un 67,3 por ciento en el caso de las suspensiones temporales de empleo, el procedimiento preferido por las compañías del automóvil, y un 92,4 por cien en el de las reducciones de jornada.

PEOR EN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS

Los datos del Ministerio de Trabajo muestran claramente que la regulación de empleo afectó globalmente más a las empresas medianas y grandes, pero indica asimismo que éstas tuvieron que recurrir menos al despido colectivo. Cas cincuenta mil de los despedidos por este procedimiento estaban empleados en sociedades con plantillas de menos de 25 personas.

Las causas más frecuentemente aducidas por las empresas al presentar los expedientes de regulación para su autorización fueron los problemas de financiación, en un tercio de los casos; la falta de demanda, en una proporción similar; y la necesidad de poner en marcha proyectos de reconversión.

El Ministerio de Trabajo sólo rechazó el 4 por ciento de los expedientes presenados por las empresas, si bien éstas pactaron con los representantes de los trabajadores el 90 por cien de los que finalmente fueron aprobados.

Por lo que se refiere al reparto de la regulación de empleo por comunidades autónomas, la información de que dispone el Ministerio de Trabajo, que en este apartado abarca el periodo enero-noviembre, muestra que Cataluña, con 108.264, ocupó ampliamente el primer lugar, triplicando casi su cifra del ejercicio anterior.

A continuación se situó el País Vasco 81.345), Castilla y León (50.270), Madrid (42.528), Galicia (42.528), Comunidad Valenciana (31.880), Andalucía (30.145), Navarra (21.378), Asturias (19.357), Cantabria (11.976), Aragón (11.832), Castilla La Mancha (7.131), Canarias (5.514), Murcia (3.453), Baleares (2.486), La Rioja (1.489), Extremadura (1.486), y Ceuta y Melilla (164).