En la sentencia se admite que hubo falta de consentimiento informado y que la obligación de prueba del hecho de haber prestado el consentimiento corresponde al Instituto Catalán de Salud.

La sentencia también admite que hubo defecto asistencial y que hubiera sido oportuno, antes de la intervención, realizar más pruebas para acreditar el estado de las arterias, puesto que la embolización estaba contraindicada en las condiciones en las que se realizó.