Según informó Uatae este jueves en un comunicado, los datos de su estudio muestran que entre quienes sí han accedido a formación, el 63% la ha recibido a través de empresas privadas, frente a un escaso 10% que lo ha hecho mediante la administración pública, lo que sitúa la prevención fuera del ámbito de lo público y “la convierte en una cuestión dependiente de los recursos individuales”.

Uatae lamentó que este modelo no garantiza dicha formación, sino que depende de la capacidad de cada autónomo para acceder a ella, y en sectores especialmente expuestos, alertó de que esta carencia puede traducirse directamente en mayores riesgos.

“Estamos ante un problema estructural porque la prevención de riesgos laborales no puede ser opcional ni depender de si puedes pagarte un curso o no, tiene que ser un derecho garantizado por las administraciones públicas”, señaló la secretaria general de Uatae, María José Landaburu. “Si más de la mitad del colectivo nunca ha recibido formación, lo que tenemos no es un sistema de prevención, es una ficción”, incidió.

Desde Uatae insistieron en reforzar “el papel de lo público en la formación en prevención de riesgos laborales” y recordaron que ellos mismos tienen programas de formación gratuitos para los autónomos. Así, hicieron un llamamiento a las administraciones públicas para que asuman la prevención como un derecho.