Según informó hoy la CNMC, en ambas impugnaciones se han recurrido convocatorias de ayudas autonómicas para formación laboral, al considerar vulnerados los principios de no discriminación y de eficacia nacional.

Para Competencia, en el caso de Cantabria se exige “indebidamente” y como requisito de participación en la convocatoria contar con instalaciones inscritas en el territorio de la comunidad cántabra, excluyéndose de la convocatoria aquellos centros de formación únicamente inscritos en otras comunidades autónomas y no inscritos ni en el Servicio Público de Empleo Estatal ni en la comunidad cántabra.

Por lo que respecta al otro caso, la CNMC considera que se atribuye “de forma improcedente” una mayor puntuación en la convocatoria a los certificados de calidad propios de la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha frente a los certificados de calidad equivalentes emitidos por otras comunidades autónomas y por organismos europeos e internacionales (EFQM, ISO u otros equivalentes).

La CNMC está legitimada para interponer recurso contencioso-administrativo cuando considera que una actuación de cualquier Administración pública es contraria a la libertad de establecimiento o de circulación previstos en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.