Así, el Pacto, asegura el Cermi, debe tener como marco de referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en España desde mayo de 2008.

Para ello, el Cermi considera que “la legislación estatal y autonómica ha de revisarse con celeridad para que exista una completa acomodación entre la visión de la educación inclusiva de la Convención y el sistema educativo”.

Se debe garantizar el principio de acceso normalizado del alumnado con discapacidad a los recursos educativos ordinarios, “sin discriminación o segregación”, proporcionando los apoyos necesarios para que la inclusión educativa en un entorno abierto sea una realidad. De igual modo, es preciso asegurar la libre elección de proceso educativo por parte del alumno con discapacidad o de sus representantes legales.

Asimismo, es necesario “incorporar los principios de no discriminación, accesibilidad universal y diseño para todos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los de evaluación, en la aplicación de los materiales didácticos y las nuevas tecnologías, así como en los contenidos de formación del profesorado”.

Además, agraga el Cermi, es preciso que los proyectos educativos de los centros cuenten con planes de atención a la diversidad que tengan su reflejo entre los indicadores de calidad de los mismos, así como en la aplicación del principio de equidad.

También se debe ”asegurar que el Plan de Becas y Ayudas al estudio esté al alcance de todos los estudiantes con discapacidad, con independencia del grado y tipo de la misma”.

Por otro lado, el Cermi pide que se promueva la coordinación del profesorado de los diferentes niveles y la adecuada orientación psicopedagógica para posibilitar el tránsito del alumnado con discapacidad entre las etapas educativas, para su posterior capacitación profesional e inserción en el mundo laboral.

También solicita que se desarrollen y hagan efectivos los mandatos de la Ley que reconoce las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Por último, solicita que “se fomente la coordinación con el movimiento asociativo de la discapacidad y de sus familias para la mejora de los procesos de inclusión y atención del alumnado con discapacidad”.