El fiscal pide dos años y seis meses para los informadores acusados, Pablo Muñoz y Cruz Morcillo, después de que hicieran públicas unas escuchas en las que dos presuntos miembros de la mafia napolitana hablaban de unas conversaciones mantenidas con el extesorero del PP.

El portavoz de APIF, Salvador Viada, no entró a valorar el caso, “por sentido común” al ser éste “un caso vivo”, pero sí destacó que en situaciones de este tipo, en las que hay “derechos fundamentales enfrentados”, lo más adecuado es ir “caso por caso”.

“Es un tema de conflicto de derechos fundamentales: por un lado, el derecho a la información o la libertad a transmitir información en casos de interés general, y por otro están los intereses de la Justicia, del secreto de sumario, pero también la intimidad de las personas. Se ha de resolver caso a caso y no es sencillo para un tribunal determinar en este sentido”, señaló.