El Tribunal anula así el acuerdo con el que, el 9 de mayo de 2013, se le impuso la sanción que el artículo 33 del Reglamento de la Asamblea de Madrid (RAM) prevé para el diputado que “atentare de modo grave contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando desorden con su conducta de obra o de palabra”.

La sentencia considera que la sanción vulneró el principio de legalidad, contemplado en el artículo 25.1 de la Constitución, al haber sido impuesta en unas circunstancias que el citado artículo 33 del Reglamento no prevé y por resultar asimismo desproporcionada.

Consecuencia de lo anterior es también la vulneración del derecho de participación en los asuntos públicos. Ha sido ponente el presidente del Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos.

Los hechos ocurrieron durante la celebración de un pleno del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid. Las circunstancias del debate, surgido a raíz de una pregunta dirigida por la diputada al presidente del Consejo de Gobierno, llevaron al presidente de la Asamblea autonómica a llamar en tres ocasiones la atención a la demandante, que había acusado al jefe del Ejecutivo regional de ser un “corrupto” y le había vinculado a una trama delictiva.

Tras la tercera llamada al orden, el presidente de la Asamblea retiró definitivamente la palabra a la diputada, decisión que ésta acató. Con posterioridad, cuando ya se debatían otros asuntos incluidos en el orden del día del pleno y se había restablecido la normalidad en la Cámara, el presidente de la Asamblea anunció la imposición de la sanción prevista en el artículo 33 del Reglamento y expulsó a la diputada de la sala.

La sentencia rechaza, como alega la demandante, que la imposición de la sanción se produjera “en ausencia de motivación alguna”; tanto la comunicación inicial de la sanción como el escrito de contestación del presidente de la Cámara a la petición de reconsideración contenían una justificación y permitieron a la demandante conocer “qué sanción se le aplicaba y las razones por las cuales el presidente consideraba pertinente dicha aplicación”.

Por tanto, desde esta perspectiva, no hubo vulneración del principio de legalidad contenido en el artículo 25 de la Constitución. Su vulneración se produjo cuando, una vez que “la alteración del orden había cesado y se había procedido ya a debatir otros asuntos con normalidad”, el presidente de la Asamblea comunicó su decisión de sancionar a la recurrente y le ordenó abandonar la sala de forma inmediata.

“La medida sancionadora”, explica la Sala, “careció de la continuidad temporal que exige el artículo 33 del Reglamento, en el que se requiere que la sanción se aplique a hechos recién acaecidos”, pues la razón de ser de dicho precepto “consiste en el aseguramiento del orden de las sesiones”.

Las sanciones que puede imponer el presidente de la Cámara en los supuestos de alteración grave “se justifican exclusivamente, dada su excepcionalidad, en razón del fin mencionado y, por ello, inescindibles del momento en que la perturbación tiene lugar”. En otras palabras, “el promotor del desorden grave sólo puede ser sancionado por el presidente inmediatamente (…)”.

Tampoco existe “un atentado grave que cause desorden” como establece el Reglamento de la Cámara, ese acto “ha de ser de otra naturaleza, refiriéndose a situaciones en las que se produzcan manifestaciones en el recinto parlamentario, agresiones, etc.”.

En consecuencia, la sanción impuesta en este caso concreto fue “desproporcionada” y “comportó un trato desigual” de la demandante respecto a otros diputados de la misma Asamblea, ya que, como ella documentó ante el Tribunal, “en circunstancias similares (…) a algunos de esos representantes se les expulsó de forma inmediata del recinto parlamentario y a otros no, pero ninguno de ellos fue suspendido de su cargo durante un mes”.