El documento tiene nueve páginas en las que el Gobierno desglosa 55 medidas agrupadas en doce bloques, que espera aprobar la próxima semana en Consejo de Ministros con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios tras las reuniones en el Palacio de Zurbano.

El primero de esos bloques contiene las medidas con las que se pretende mejorar el acceso de las empresas al crédito y reforzar su solvencia financiera, y ahí se incluye el inicio con fecha efectiva anterior al 15 de junio, del préstamo directo del ICO a pymes con importe máximo de 200.000 euros por operación, “decidiendo y asumiendo el ICO el riesgo de estas operaciones al 100%”.

También la reducción de los plazos y trámites de contratación para la selección competitiva por parte del ICO de una oferta que permita la instrumentación de estos préstamos en el ámbito nacional, y la instrucción al ICO para que eleve los topes de riesgo que asume.

El Gobierno propone también flexibilizar para las pymes los requisitos para recuperar el IVA en el caso de impago de facturas, así como acortar el plazo de 1 año a 6 meses.

Un segundo bloque son las propuestas para impulsar el desarrollo y crecimiento de las pymes, en especial su actividad exterior, con refuerzo de las líneas de apoyo a la exportación, planes de internacionalización de empresas españolas en África Occidental y el incremento de los porcentajes de cofinanciación de las empresas en las actividades de promoción comercial en el exterior.

REHABILITACIÓN

Para impulsar la creación de empleo, el Gobierno quiere reducir el IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, fijando el tipo reducido para las obras realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 y ampliando el límite máximo del coste de materiales hasta el 30% del precio de la actuación.

Amplía además el concepto de reabilitación estructural a efectos de IVA definiendo las obras análogas y conexas a las estructurales con el objeto de reducir los costes fiscales asociados al proceso de rehabilitación.

También crea una nueva deducción en el IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual realizadas hasta 31 de diciembre de 2012. Esa deducción la soportará íntegramente el Estado y se establecerá por cantidades satisfechas por obras que tengan por objeto la eficiencia energética, la mejora de las cubiertas y la estanqueidad, el saneamiento, el acceso a la sociedad de la información, la sustitución o mejora de las instalaciones de electricidad, agua, gas, la adaptación de la vivienda a personas con discapacidad, o la mejora de la accesibilidad del edificio o las viviendas.

La deducción será del 10% para contribuyentes de renta inferior a 33.007 euros con un límite del 4.000 euros anuales por vivienda, y se podrán deducir las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes, con el mismo límite anual y con un máximo total de 12.000 euros. La deducción decrecerá progresivamente para los contribuyentes con rentas entre 33.007 y 39.407,20 euros.

El Gobierno se compromete además a promover la pronta contratación y realización de un plan de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las administraciones públicas, mediante la contratación de empresas de servicios energéticos con el fin de alcanzar un ahorro del 20 % del consumo energético en el horizonte 2010-2012 en 2.000 edificios públicos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas y entidades locales.

Para incrementar los derechos de ciudadanos y consumidores, se promueve la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de inembargabilidad en los supuestos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, teniendo en cuenta la existencia de familiares a cargo del obligado.

En este mismo bloque se incluye la aplicación del tipo superreducido de IVA a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema mediante plazas concertadas en centros o residencias.

TRANSPORTE SOSTENIBLE

Para impulsar la reestructuración del sector financiero, se reducen los plazos y trámites asociados al funcionamiento del FROB, y en el bloque de desarrollo de infraestructuras se compromete un plan extraordinario de infraestructuras sostenibles con participación pública y privada, y la subvención del 50% de las tasas de aterrizaje y de la tarifa B.1 de los vuelos con origen o destino en Canarias en días determinados desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Incluye asimismo la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010 de la bonificación del 30% de las tasas de aterrizaje de aeronaves y tasas aplicables a pasajeros en los aeropuertos extrapeninsulares y la exención de tributación en el IRPF del trabajador de las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros anuales.

Para adoptar un nuevo marco de impulso de la actividad industrial, el Gobieno propone un plan integral de política industrial hasta 2020 para acercar a la media europea el peso de la industria en el PIB con previsiones en el sector aeroespacial, participación en el proyecto Galileo, apoyo a la automoción, o desarrollo del vehículo eléctrico.

Para ello, creará un Comisión Interministerial de Política Industrial que antes de tres meses presentará al Consejo de Ministros una propuesta con las líneas generales de ese Plan, y se promoverá la creación de una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados con participación de los agentes sociales para que en diez meses defina un marco integral de la política industrial para el período 2010-2020.

En el apartado de medidas para el sector turístico, el Gobierno propone acordar con las comunidades autónomas un plan de incentivos a la desestacionalización para las empresas que se comprometan a ampliar su actividad por encima de seis meses durante 2010 y 2011.

Propone también instuir al ICO a ampliar en cien millones de euros la línea de crédito destinada a apoyar la renovación del sector, y la firma de un convenio con Canarias para materializar inversiones por 30 millones e incorporar a esa comunidad al programa Turismo Senior Europa.

En el bloque energético, el Gobierno asegura que antes del del 30 de junio de 2010 se adoptarán medidas para mejorar la eficiencia en costes de la energía y los precios que afectan a empresas y familias y, para ello se revisarán los sistemas de incentivos a las energías renovables y los costes asociados al transporte de energía, y se fomentará la competencia en el mercado eléctrico mejorando los mecanismos de contratación. Añade que antes del 30 de junio de este año se acordará una propuesta de mix energético para 2020.

El Gobierno incluye el compromiso propio y de las comunidades autónomas de cumplir el acuerdo de austeridad del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y se compromete a concretar en abril un plan de austeridad que, en el marco de una reducción progresiva del gasto de personal, asuma una reducción del número de altos cargos y un programa de racionalización del sector público empresarial.

APOYO DEL PP

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, confió en haber convencido al Partido Popular para que apoye el documento en el que han estado trabajando todos los grupos políticos.

En rueda de prensa en la sede del Ministerio, Salgado sentenció que tras muchas reuniones "discretas pero no por ello menos importantes", se ha alcanzado un "consenso suficiente".

Salgado afirmó que, en general, son medidas sobre las que el PP se ha manifestado "favorable" y algunas las ha solicitado. "Son medidas todas ellas necesarias y oportunas", apostilló Salgado. Además, algunas de las medidas de este documento, serán aprobadas de manera rápida el próximo martes, por lo que su puesta en marcha sería

inmediata ya que serían tratadas como decretos.

La ministra desveló que en el día de hoy se ha producido una reunión con el Partido Popular "y nos han pedido leer el documento para darnos su opinión".

La vicepresidenta sentenció que no es posible realizar ya modificaciones de este documento, y los partidos "lo saben". Lo que sí podrán plantear las formaciones políticas serán observaciones que no formarán parte del cuerpo del acuerdo.

"No parece posible incorporar medidas nuevas porque hemos considerado todas y hemos incluido aquellas que eran factibles y que podían contribuir al crecimiento económico", explicó Salgado.

Los grupos políticos tendrán este fin de semana para estudiar en detalle el documento y decidir si lo apoyan o no. Con las formaciones que den el "sí" a este documento, la vicepresidente podría mantener una reunión el próximo lunes.

Según dijo la ministra, "somos respetuosos con los planteamientos de los grupos y hemos solicitado que nos gustaría que en el fin de semana manifestaran su posición", insistió.

Preguntada sobre el impacto en el empleo y en la economía, Salgado se limitó a decir que "no se puede medir directamente". "Hemos hecho una medición de las medidas que puedan ser creadoras de empleo", pero "sería aventurado dar una cifra".