Según informaron a Servimedia fuentes de esta organzación agraria, esta cifra representa un 40 por ciento sobre el total de los ganaderos a los que se les está remitiendo su asignación de cuotas, unos 150.000.

Esta estimación la ha realizado la organización agraria sobre las asignaciones ya recibidas, que los ganaderos disponen de 15 días para recurrir. Los errores son de todo tipo, según COAG, aunque destacaron como uno de los más frecuentes la asignación de cuotas inferiores a la que les corresponden a los ganaderos.

Sin embargo, fuentes del Miisterio de Agricultura, que no precisaron el número de reclamaciones por estar abierto todavía el proceso, informaron que la mayoría de los errores son por defectos formales.

El criterio que la Administración está siguiendo para el reparto de las cuotas es el de mantener al 100 por cien la producción para los ganaderos que la conserven en esos niveles desde 1985 o antes, mientras que los que hayan comenzado la actividad desde ese año hasta 1991 la verán reducirse en un 10 por ciento y en un 20 por ciento para los productores de 1992.

RECURSO DE REPOSICION

Por otro lado, COAG ha presentado un recurso de reposición de la orden que regula la asignación de cuotas, porque considera que la Administración ha incumplido el preceptivo trámite de audiencia al sector y porque cree que debería haberse realizado mediante una ley y sin retroactividad de la norma.

La organización agraria asegura en el recurso, al que ha tenido acceso Servimedia, que en diversas ocasiones ha solicitado "el efectivo trámitede audiencia, regulado por imperativo Constitucional en el artículo 105, como organización representativa de una parte del sector".

Asimismo, la asignación de cuotas es necesaria para evitar la aplicación de la denominada "supertasa", especie de multa a los ganaderos que sobrepasen su cuota. Por ello, la COAG considera esta tasa suplementaria como un tributo o sanción administratriva, y ambos deben ser regulado por ley, según los artículos 133 y 25.1 de la Constitución.

También señala el recurso ue el retraso de la publicación del decreto va a perjudicar a los ganaderos a la hora de aplicar esta "supertasa" el 1 de abril de 1993, pero con efectos retroactivos desde la misma fecha de 1992, y considera que la orden vulnera "el principio de irretroactividad de las normas regulado en el artículo 9.2 de la Constitución".