Este sindicato explicó, a través de un comunicado, que con su demanda se suma a la campaña que se desarrolla desde distintos medios de comunicación y que promueven la instalación de estos aparatos en espacios públicos.

Para tal fin existe una plataforma de recogida de firmas que insta a las comunidades autónomas a que desarrollen una normativa a favor de la cardioprotección que incluya la obligación de instalar desfibriladores en espacios públicos y la despenalización de su uso por personal no sanitario.

En este sentido, UGT destacó que cada año fallecen 30.000 personas en España por paradas cardiorrespiratorias. La utilización de desfibriladores automáticos (DEA) o semiautomáticos (DESA) incrementan en un 70% las probabilidades de recuperarse tras un paro cardiaco.

EN LOS PRIMEROS CUATRO MINUTOS

Esta central sindical añadió que la velocidad de actuación ante estos episodios repentinos es vital, los cinco primeros minutos son decisivos, por esto muchas veces para los servicios de Emergencias el tiempo juega en contra. Después de los 10 minutos, la tasa de supervivencia es nula, según un estudio American Heart Association.

Asimismo, UGT destacó que hace unos meses en el Tribunal Supremo murió un trabajador que sufrió una parada cardiorespiratoria; cuando llegaron los Servicios del Samur la situación era ya irreversible. Un desfibrilador en las instalaciones del tribunal le hubiera salvado la vida con toda probabilidad.

Para lograr el objetivo de actuar cuanto antes, el desfibrilador debe llegar en los primeros cuatro minutos. Se estima que en España hay 10.000 unidades, frente a las 100.000 de Francia o 80.000 de Alemania. Si al lado de cada extintor hubiera un desfibrilador y personas con conocimientos mínimos en reanimación, se estima que podrían salvarse más de 4.500 vidas al año.