Según datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el 85% de los cuidadores familiares son mujeres que se dedican de forma exclusiva a esta tarea, de las cuales muchas abandonan su empleo para centrarse en el cuidado de las personas mayores y dependientes por no tener otra alternativa ni contar con los recursos necesarios.

La presidenta de UNAF, Ascensión Iglesias, denuncio que la falta de recursos sociales para el cuidado de las personas mayores es una negligencia y, por lo tanto, una forma de maltrato institucional”.

Según UNAF, la sobrecarga o "queme" producidos en ocasiones por el cuidado a las personas mayores puede derivar en maltrato, no solo físico sino también psicológico, económico y en otros tipos de maltrato, como el abandono o la negligencia. Por ello, señala en un comunicado que es necesario que el Estado promueva la prestación de servicios adecuados y suficientes, "que no deleguen la responsabilidad del cuidado de las personas mayores en sus familiares y, más concretamente, en las mujeres".

Iglesias declaró que es urgente “rescatar la Ley de Dependencia, que supuso un importante avance legislativo pero cuya aplicación se ha visto frustrada por la política de recortes de los últimos años”, ya que “necesitamos una política de inversión social para lograr el bienestar de nuestras personas mayores y de las personas cuidadoras”.

Además de reclamar medidas y recursos públicos para el cuidado, UNAF considera fundamental la formación de los y las profesionales que trabajan en la atención a las personas mayores.