A través de un comunicado, la organización recuerda que la mutilación genital es un delito penado en España con entre seis y 12 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tanto si esta se realiza dentro como fuera de las fronteras del país.

“No obstante, antes de llegar a estas medidas punitivas, debemos poner todos nuestros esfuerzos en la prevención, algo en lo que los profesionales juegan un papel primordial, puesto que son quienes trabajan en primera línea con esta población y pueden ayudar a detectar si existe un riesgo inminente para las niñas”, subraya UNAF.

La presidenta de la entidad, Ascensión Iglesias, recuerda que en España hay unas 17.000 niñas en riesgo, pero “aunque fuera sólo una niña, nuestra obligación es salvarla de una práctica que la dejará marcada para toda su vida y tendrá consecuencias dramáticas sobre su salud, su cuerpo, su mente”.