Los recurrentes consideraban ilegal el citado reglamento por entender que no daba cumplimiento al mandato del artículo 32 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que ordena a la Administración General del Estado garantizar la disponibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro (artículo 32.2) y habilitar el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios (artículo 32.4).

El Supremo realizó en este proceso, a petición de los recurrentes, una prueba pericial de la que concluyó que no permite tener por acreditada la afirmación de la demanda de que el Real Decreto 805/2014 cierra el espectro radioeléctrico a las entidades de comunicación audiovisual comunitarias sin ánimo de lucro y, por ello, no estima que la normativa impugnada determine la creación de una situación contraria al ordenamiento jurídico.