El TC ha estimado en parte el recurso que el Gobierno de Mariano Rajoy interpuso contra esa ley y ha anulado lo realtivo a la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña. Fuentes jurídicas indicaron que también estarían afectadas por la decisión de los magistrados las disposiciones que daban origen al plan rector de infraestructuras y energías.

El pleno del Alto Tribunal está aún en fase de deliberación y no hay una sentencia redactada. El Ejecutivo central recurrió también los preceptos relativos a la creación de una Agencia de Protección Social catalana, aspecto sobre el que los jueces mantienen un debate, puesto que su existencia podría ser autorizada siempre que se refiera a las competencias propias del Estatut en materia de protección social pero en ningún caso a la Seguridad Social.

La creación de esas estructuras de Estado estaba contenida en la Ley de Medidas Fiscales aprobada por el Parlament en 2015. El Gobierno central recurrió dos artículos y cinco disposiciones adicionales, que quedaron suspendidas de manera automática cuando el TC admitió a trámite el recurso.

En virtud de esos preceptos se creaba la Agencia Tributaria catalana, una agencia catalana de protección social y órganos de gestión y control en infraestructuras, energía, telecomunicaciones, transportes, o puertos y aeropuertos. El ponente de la resolución es el magistrado Santiago Martínez Vares.