A su juicio, la Administración ha protagonizado “un auténtico golpe de mano con la imposición de estos 47 directores de su cuerda en contra de sus comunidades educativas” e incumple las previsiones de la propia Lomce.

Galbín indicó que se está estudiando cada caso de forma individual, con lo que las designaciones denunciadas ante lo contencioso administrativo podrían aumentar en los próximos días.

Según explicó, en estos 47 nombramientos hay tres tipos de casos, y “en todos ellos hemos detectado irregularidades”. El primer grupo, en el que hay cinco procesos abiertos, se referiría a aquellos centros especialmente críticos con la política educativa del Gobierno madrileño, ya sea por su participación activa contra los recortes, por su oposición a la prueba de sexto de Primaria o por su compromiso en proyectos innovadores.

Agregó que se presentaron candidaturas de profesores de los propios centros a las plazas de director, las cuales recibieron una calificación “muy negativa” por parte de la Administración. “Algunos proyectos han sido incluso calificados con un cero, cosa que raya la ilegalidad”, apuntó Galbín.

El segundo grupo, el más numeroso, acumula ya 15 denuncias en los tribunales, y tiene que ver con la jubilación de directores. En estos casos, añadió, la inspección ha apurado los plazos para dificultar la promoción de candidaturas dentro de la comunidad educativa. Incluso se han sustituido directores que no se jubilaban hasta septiembre, prosiguió, lo que implica la nulidad de todo el proceso.

Por último, está el caso del Instituto Miguel Hernández, donde ya han renunciado dos personas propuestas por la Administración (ayer se comunicó la segunda renuncia).

En octubre de 2015, la directora de este instituto, distinguido por sus proyectos innovadores, informó sobre su decisión de no continuar en el cargo, y desde entonces la inspección “ha dejado pasar el tiempo sin promover candidaturas propias”, dijo la dirigente sindical.

Para Galbín, “estas dilaciones y esta forma de proceder tienen una clara intencionalidad, y es la de colocar a personas externas a las comunidades educativas afines a la consejería para aplicar la forma más radical de la Lomce”.

NUEVA ASAMBLEA

La responsable de CCOO intervino en la rueda de prensa junto a otros miembros de la Plataforma Regional en Defensa de la Escuela Pública (FETE-UGT, STEM, la FAPA Giner de los Ríos, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, los Movimientos de Renovación Pedagógica y el Sindicato de Estudiantes), que mañana por la tarde se reunirán en asamblea para decidir qué acciones tomar de cara al nuevo curso.

Por su parte, el presidente de la FAPA Giner de los ríos, José Luis Pazos, exigió a la presidenta Cristina Cifuentes y al consejero de Educación “el cese inmediato de los responsables de esta situación”, pues “de lo contrario entenderemos que son parte del problema y no de la solución”.

Alberto Carrillo, portavoz de STEM, criticó que la Lomce “concede amplias prerrogativas” a los directores de centro a la hora de cubrir plazas vacantes (mediante comisiones de servicio, la petición de perfiles específicos, etc.), con lo que “estas designaciones a dedo", dijo, "servirán para colocar a mucha gente de la cuerda” del PP.