En rueda de prensa para analizar los últimos datos del IPC, el secretario de Estado señaló que el Gobierno prefiere "mantenerse prudente" hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emita una sentencia definitiva.

"El informe de la Abogacía General tiene su importancia, pero nos mantenemos prudentes hasta que no tengamos noticias en firme de cuál es la sentencia definitiva", recalcó.

El pasado 24 de abril comenzó en Luxemburgo la vista por parte del citado tribunal, que debe decidir sobre esta cuestión, si bien la sentencia definitiva se conocerá hacia finales de año.

En sus consideraciones, el abogado general del Tribunal de Justicia, Paolo Mengozzi, apunta que las "repercusiones macroeconómicas" que podría suponer la retroactividad desde 2009 para la banca justifican en parte esta decisión.