Según el Ejecutivo, este plan se concretará mediante programas operativos anuales y gira en torno a cinco principios rectores: igualdad, ciudadanía, participación, inclusión social y cooperación institucional.

“Es fruto del compromiso del gobierno para impulsar el desarrollo social de la población gitana y mejorar su situación social y sus condiciones de vida”.

Entre otros, abordará aspectos como la educaciónn, el empleo, la vivienda, la sanidad y la promoción de la mujer.

Así, incidirá en la necesidad de normalizar la formación universitaria de este colectivo y en la lucha contra el fracaso escolar en los adolescentes, pues aunque más del 90% de los niños gitanos están, escolarizados el abandono en la adolescencia es muy elevado”.

El plan contempla también la puesta en marcha de acciones para promover la inclusión de los gitanos en el mercado laboral (más del 50% cotizan como autónomos), con especial atención amujeres, jóvenes y personas con escasa cualificación.

Asimismo recoge la necesidad de diseñar una política de vivienda de integración para la comunidad gitana y de acciones que garanticen un acceso equitativo al sistema de salud, ya que la prevalencia de enfermedades crónicas es más elevada entre dicho colectivo.

Por último, el Ejecutivo pretende apoyar el desarrollo de la mujer gitana, que pese a su mayor éxito escolar ostenta tasas de inactividad superiores al 70%.