Tras el desistimiento de Bárcenas, en esta causa quedan las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida y Observatori Desc, que también están personados en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP.

La Fiscalía, que había pedido el archivo de la causa, tampoco acusa al partido de Mariano Rajoy. Pese a ello, y por la existencia de las acusaciones populares citadas habrá juicio, tal y como ocurrió con el 'caso Nóos' con la infanta Cristina.

La jueza Rosa María Freire dictó el pasado 26 de julio auto de pase a procedimiento abreviado, lo que equivalente al procesamiento, en el que acusaba al Partido Popular como presunto responsable de un delito de daños informáticos y ponía a partido en la posición de ser el primero de España en ser procesado.

El procesamiento afecta al Partido Popular; a su director jurídico, Alberto Durán; la tesorera, Carmen Navarro; y el informático José Manuel Moreno. Los tres tienen recurrido el auto, pendiente de decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los tres están acusado de delitos de daños informáticos y de encubrimiento, que sólo pueden atribuirse a personas físicas, y por tanto no al Partido Popular, que es persona jurídica.