La nueva propuesta de la Comisión, dada a conocer ayer, establece nuevas condiciones para este servicio, basadas en el país de residencia del usuario y, sobre todo, al volumen de consumo en itinerancia que éste haga.

En concreto, Facua denuncia que las compañías podrán vigilar si una tarjeta SIM tiene una actividad casi nula en el país en el que ha sido adquirida y, sin embargo, se utiliza mayoritaria o completamente en modo ‘roaming’. De esta forma, si se cumplieran estos supuestos, la operadora podría imponer al usuario un recargo por llamada, mensaje o volumen de datos estipulado en el contrato.

Para justificar estas medidas, Bruselas indicó que los nuevos criterios propuestos se aplicarían para evitar el "abuso" que los usuarios pudieran hacer del teléfono móvil durante sus estancias en el extranjero.

Sin embargo, Facua critica que la Comisión “insulte y prejuzgue” a los consumidores, cuando se trata de un servicio por el que los usuarios pagan y que al mismo tiempo les reporta a las operadoras beneficios millonarios.

En este sentido, y dado que Bruselas “dejaría en manos de las operadoras la potestad para concretar en qué casos serán penalizados”, la asociación considera primordial acabar con cualquier política que favorezca o alimente el “desproporcionado lucro” que obtienen las empresas gracias a los “cobros abusivos” que efectúan por servicios como el ‘roaming’.

Ante esta situación, la asociación sigue defendiendo que el ‘roaming’ debe ser gratuito sin restricción alguna, al considerar “más lógico” que un usuario utilice el móvil con más frecuencia en el extranjero que en su país de origen.