Caldera destacó en rueda de prensa que de estos 65.000 inmigrantes regularizados, varios miles de ellos ya han sido dados de alta en la Seguridad Social. El plazo que resta para que los empresarios den de alta a los regularizados es de un mes.

El titular de Trabajo destacó que en los dos primeros meses de este proceso se han presentado 313.501 peticiones de regularización, el 64,1% de ellas en Cataluña, Madrid y Valencia.

También comentó que el 33,2% de las solicitudes presentadas se refieren al régimen de Hogar y el 66,7% a otros régimenes, y que 86.916 solicitudes son para regularizar a ciudadanos de Ecuador, 42.629 para rumanos y 38.968 para marroquíes.

Caldera calificó de "histórico" este proceso, "que está siendo de notable éxito" a la hora de aflorar economía sumergida en España.

Asimismo, comentó que da respuesta a "un problema heredado" del anterior Gobierno y subrayó que "algunos pesimistas no tenían razón" cuando vaticinaron que esta iniciativa sería un fracaso.

Subrayó también que gracias a esta legalización de inmigrantes, éstos podrán comenzar a contribuir al pago de los servicios públicos que ya recibían.

Además, el titular de Trabajo animó a los empresarios a regularizar a sus inmigrantes antes del 7 de mayo, cuando finalice el proceso, porque después el Gobierno será "severo" en perseguir la economía sumergida.

A preguntas de los periodistas, el titular de Trabajo destacó "el impacto positivo" que ha tenido la medida de flexibilización a los empresarios agrícolas para que regularicen a extranjeros, aunque éstos se incorporen a trabajar después del 7 de mayo. Como ejemplo, subrayó que en Murcia se han duplicado las solicitudes tras esta medida.

Finalmente, Caldera dijo que el Gobierno "está tratando de buscar una alternativa" al requisito del certificado de empadronamiento para poder acreditar la residencia en España antes del 7 de agosto, tal y como le han solicitado el Defensor del Pueblo, el Colegio de Abogados y diversas ONG.