Hasta el momento, los tribunales nacionales en España habían dictado que las cláusulas suelo ilegales, aquellas que fueron mal comercializadas a los clientes, tenían que devolverse desde el mes de mayo del año 2013.

Sin embargo, con la sentencia final hecha pública este miércoles por el Tribunal de Justicia de la UE, la banca española tendrá que hacer frente a un importante pago de intereses a los clientes que contrataron estos productos, al haberse haberse ampliado hasta el momento en que comenzaron a comercializarse.

El pasado 13 de julio el abogado general del tribunal Paolo Mengozzi hizo públicas las conclusiones preliminares de este caso.

Según adujo entonces Mengozzi, las "repercusiones macroeconómicas asociadas a la amplitud con que se utilizaron estas cláusulas justifican, en particular, esta limitación". Sin embargo, ahora el Tribunal de la UE le quita la razón.

El 24 de abril comenzó en Luxemburgo la vista del citado tribunal que debía decidir sobre esta cuestión y que ha contado con la intervención de representantes de la banca para defender su posición.

Pese a que no se ha ofrecido una cifra oficial, el impacto global sobre los bancos españoles podría situarse entre los 5.000 y los 7.000 millones de euros.