Montserrat realizó estas declaraciones durante su intervención en la Comisión de igualdad del Congreso de los Diputados, en la que se guardó un minuto de silencio como consecuencia de las últimas cuatro mujeres asesinadas, ya que, según afirmó la presidenta de la comisión, Pilar Cancela, supone “una mancha para un país que democrático”.

Durante su intervención, la ministra anunció su plan de presentar “en el marco del Pacto de Estado, la II Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2020”, el cual, seguirá la hoja de ruta marcada por la estrategia aprobada durante la legislatura pasada, que estableció como prioridades lograr “más sensibilización y concienciación social, mejor respuesta institucional y mayor coordinación, más protección, más ayudas asistenciales a las víctimas y más protección a los menores”.

Entre las medidas que acoge la esta nueva estrategia se encuentra “la creación de un Premio Nacional en Lucha contra la Violencia de Género para jóvenes y adolescentes”, de forma que “refuerce la sensibilización” de esta generación, así como la mejora de “un nuevo sistema de brazaletes dotado de una mejor tecnología y una mayor eficacia” y la “simplificación de los procesos de denuncia”.

Asimismo, incluirá un Plan de Prevención y Sensibilización que “será el primer plan de prevención que se apruebe desde que está en vigor la Ley de Medidas para la Protección Integral de la Violencia sobre la Mujer”.

PENSIÓN DE ORFANDAD

La II Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2020 pretende además “solucionar el problema de las concesiones de orfandad de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género que no habían cotizado o no habían cotizado lo suficiente”.

Montserrat detalló que “la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia corrigió una injusticia flagrante, modificando la Ley de Seguridad Social”, pero “no resolvió la situación de desprotección de aquellos hijos que padecieron el asesinato de su madre antes de entrar en vigor la ley porque no se había previsto su aplicación retroactiva”. Por ello, manifestó que se reunirá con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para solucionar esta situación.