Los secretarios generales de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, y CCOO-Madrid, Javier López; el presidente de la Fravm, Nacho Murgui, y la presidenta de Cecu-Madrid, María Rodríguez, presentaron este lunes en rueda de prensa el Observatorio, que, según indicaron, nace con una vocación positiva y abierta a la participación de otras organizaciones y entidades.

Explicaron que este Observatorio pretende ser "la voz de los dependientes en Madrid" para poder denunciar "las irregularidades" en la aplicación de la ley en la región y luchar por que el derecho a la dependencia sea "un derecho real y las personas dependientes no tengan que esperar 18 meses para que se conceda una prestación o servicio".

Según denunciaron, tres años después de aprobación de la Ley de Dependencia, la Comunidad de Madrid ocupa los últimos puestos en todos los indicadores en relación con la implantación y desarrollo de la ley en la región.

SOLICITUDES Y DICTÁMENES

Indicaron que, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, a 1 de abril las solicitudes registradas en Madrid eran 71.629, lo que supone un 1,1% de la población de la región, cuando la media nacional se sitúa casi en el 2,7%; y el número de dictámenes, 70.291, un 1,1% de la población (2,4% la media nacional). Los beneficiarios con derecho a prestación son 52.257 y los que han recibido algún tipo de prestación, 31.852.

La presidenta de Cecu-Madrid destacó que miles de personas dependientes de la región que tienen derecho a recibir prestaciones o servicios están en una situación "absolutamente dramática", ya que generalmente tienen más de 75 años y "probablemente la mayoría no lleguen a cobrar ninguna prestación ni se les cambie de residencia como piden".

Según los responsables de UGT y CCOO, el uso "partidista" de la ley por parte del Gobierno de Aguirre y de "confrontación" con el Ejecutivo central está provocando un "bloqueo" de la aplicación de la ley. Además, dijeron que las expectativas de creación de empleo en el ámbito de la dependencia no se han cumplido, porque el Ejecutivo regional está derivando hacia la prestación económica y no a los servicios.

En este sentido, criticaron el "cheque-monedero" anunciado por el Ejecutivo regional. "Hay que acabar con esta situación y promover servicios e inversiones en centros de día y ayuda a domicilio, y no usurpar derechos dando un dinerito para que se vayan a comprarlo al sector privado", indicó Javier López.

José Ricardo Martínez criticó que se "mercadee" con este asunto y dijo que lo del cheque es "un insulto" a las personas dependientes y a las que les atienden, porque, además, con ese dinero no se cubre ni una tercera parte de lo que vale una residencia en la Comunidad de Madrid.

PROPUESTAS A AGUIRRE

Los integrantes del Observatorio Social por la Dependencia iniciarán un plan de trabajo con análisis y propuestas que trasladarán al Gobierno regional y también a los ayuntamientos, que consideran que son los olvidados en esta materia y que, a su juicio, deberían participar en el desarrollo y gestión de la Ley de Dependencia en la región.

Este Observatorio reclama la negociación y desarrollo de un Plan Director para la implementación de la ley en la región, en el marco del Consejo de Madrid; y un plan de choque para la construcción de residencias y centros de día públicos. También pide que se modifique la normativa regional reguladora del procedimiento para la atención a la dependencia, situando a la protección a las personas como eje central.

Además, reclaman la constitución de un Comité Consultivo Regional con participación de los agentes económicos y sociales, de un Observatorio Permanente de la Dependencia que elabore mapas de necesidades, y de un organismo público de control e inspección de lso sevicios y centros de atención a la dependencia, así como campañas de información entre los ciudadanos sobre la ley.