En un comunicado, transmitió su total apoyo a sus organizaciones afiliadas en EEUU, críticas con la medida. Según esta federación, el decreto afecta directamente a alrededor de 25.000 personas que disponen de un visado de estudiante o de trabajo y a 500.000 residentes permanentes legales de Estados Unidos, incluidos docentes e investigadores.

La IE tachó la medida de “discriminatoria, y expresó su profunda preocupación ante el anuncio, ya que considera que “viola los estándares internacionales que protegen los derechos de los inmigrantes y los refugiados”.

Además, señaló que estudia medidas legales y que apoyará a sus organizaciones afiliadas de EEUU, la National Education Association (NEA) y la American Federation of Teachers (AFT), que se han opuesto al decreto.

Además, indica que teniendo en cuenta que “varias de las organizaciones miembro de la Internacional de la Educación se encuentran ubicadas en países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, el decreto presidencial restringe la posibilidad de celebrar conferencias internacionales de la IE en este país”.