Así se recoge en el último informe anual de Amnistía Internacional, hecho público este miércoles y que apunta que en 2016 siguieron conociéndose casos de pesonas críticas con el Gobierno y activistas, como las Damas de Blanco, que eran sometidas de forma habitual a arrestos arbitrarios y breves periodos de detención por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación.

El informe indica que, pese al restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos en 2015, “persistía la retórica de la Guerra Fría” y activistas políticos y defensores de los derechos humanos eran tachados públicamente de ‘mercenarios anticubanos’, ‘antirrevolucionarios’ y ‘subversivos’.

Además, el sistema judicial cubano seguía estando bajo el control político y las leyes que tipificaban los ‘desórdenes públicos’, el ‘desacato’, la ‘falta de respeto’, la ‘peligrosidad’ y la ‘agresión’ se utilizaban para procesar a personas por motivos políticos.

“Las personas críticas con el Gobierno seguían siendo objeto de hostigamiento, como los ‘actos de repudio’ (manifestaciones encabezadas por simpatizantes del Gobierno en las que participaban agentes de los servicios de seguridad del Estado)”, señala el informe.

Amnistía subraya que el Gobierno continuó restringiendo el acceso a Internet como método fundamental para controlar tanto el acceso a la información como la libertad de expresión. Sólo un 25% de la población podía conectarse a la Red y únicamente un 5% de los hogares tenía acceso a ella.

Por último, las organizaciones y los mecanismos independientes de derechos humanos, incluidos los relatores especiales de la ONU, no tenían acceso a Cuba, así como la llegada a las cárceles a observadores independientes.