Además, en un comunicado, los inversores solicitan al Gobierno que el nuevo marco legal para la reforma de la estiba se formule con una visión a largo plazo para evitar conflictos posteriores y “convertir los puertos españoles en verdaderos catalizadores del crecimiento económico nacional”.

En este sentido, la plataforma cree conveniente que sea el Ejecutivo quien lidere la adopción de dicho marco.

Los inversores sí apoyan que las autoridades portuarias asuman la antigüedad de los trabajadores, lo que supone unos 350 millones de euros, ya que asegura que el hecho de que las compañías se vieran obligadas a asumir los pasivos laborales “supondría un quebranto patrimonial inasumible”.

Según explican, estas compañías se verían en desventaja competitiva frente a potenciales nuevos inversores en el sector, ya que estos últimos entrarían en un mercado liberalizado sin haber asumido los costes de la liberalización.

Por último, pide “responsabilidad” a todas las partes para evitar el grave quebranto que las huelgas encubiertas están ya causando en el conjunto de la economía española.

“Un perjuicio que puede agravarse de forma significativa a partir de la semana que viene con los paros oficialmente anunciados”, concluye.