Garrido, en una comparecencia para explicar este plan, explicó que la inversión está recogida en el proyecto de Ley de Presupuestos para este año remitido a la Asamblea y la cuantía de lo que se gastará supone multiplicar casi por cuatro la partida de 2016 en este capítulo.

El consejero indicó que la primera fase de este plan atenderá las necesidades de las sedes judiciales consideradas más urgentes y que puedan adjudicarse y ejecutarse en un plazo de seis meses. Apuntó que se prevé acometer más de 100 actuaciones, que beneficiarán a todos los partidos judiciales.

En esta primera fase, se invertirán 1,85 millones de euros, el 100% de las posibilidades presupuestarias que existen con los presupuestos regionales prorrogados actualmente en vigor, según Garrido, quien indicó que el resto de las inversiones del citado plan de choque se podrán acometer una vez se aprueben los Presupuestos de 2017.

Según Garrido, el plan tiene como ejes las “medidas de mantenimiento, mejora y reforma en las sedes, las relacionadas con seguridad y la reubicación de las sedes judiciales que se encuentran en peor estado o en las que se han detectado necesidades significativas de espacio”.

DE ASCENSORES A CLIMATIZACIÓN

Dijo que estas actuaciones “forman parte de un plan integral para la Justicia, que incluirá medidas adicionales a medio y largo plazo y que se debatirá en los próximos meses en la mesa técnica de la Justicia, que se constituye el próximo lunes”.

Informó de que los técnicos de la Dirección General de Justicia han elaborado el catálogo de actuaciones previstas en esta primera fase del plan a partir del trabajo previo realizado en la inspección de las sedes judiciales de la Comunidad y de la documentación que ya obraba en su poder.

Además, añadió, han tenido en cuenta las reclamaciones planteadas por todos los decanos de la Comunidad de Madrid, así como por jueces titulares, Fiscalía, letrados o sindicatos de la Administración de Justicia.

Dijo que las actuaciones previstas en mantenimiento de sedes judiciales en la primera fase del plan de choque se centrarán en “medidas de adecuación en materia contraincendios y de evacuación; la subsanación de deficiencias detectadas en instalaciones eléctricas y centros de transformación; la reforma o reparación de las instalaciones de climatización; y la reparación de ascensores”.

Señaló que también se procederá a pintar las sedes, a la reparación de ventanas y puertas, al arreglo de goteras y humedades y a la impermeabilización de cubiertas, y a realizar mejoras en la ventilación y las instalaciones de iluminación.

EN MADRID CAPITAL Y PERIFERIA

En Madrid capital, estas medidas se llevarán a cabo en sedes judiciales como las de Plaza Castilla, la Audiencia Provincial (tanto en la sección Civil como en la Penal), en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil o en los de Violencia sobre la Mujer, entre otras.

En Madrid periferia están previstas actuaciones en sedes como las de Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pozuelo, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz o Valdemoro, entre otras.

Indicó que, dentro del segundo eje del plan de choque, el de la seguridad de las personas, las medidas que se van a adoptar van a estar centradas en los planes de emergencia y autoprotección de las 71 sedes judiciales existentes en la región.

En concreto, señaló, en la primera fase del plan se tramitarán, con carácter de urgencia, la contratación de la elaboración, revisión y actualización de estos planes, para su posterior implantación en todas las sedes.

En una segunda fase, se ejecutarán las obras necesarias para poder aplicar los planes de emergencia y autoprotección, se formará a los equipos vinculados a ellos y se realizarán los simulacros pertinentes.

REUBICACIÓN DE SEDES

Explicó que “el tercer eje de esta primera fase de actuaciones del plan de choque consiste en dejar sentadas las bases para el traslado de aquellas sedes que sea necesario”.

Manifestó que en este caso, se tendrán en cuenta aspectos como la antigüedad de los edificios, la elevada densidad de ocupación o la existencia de problemas estructurales para cumplir con la normativa de accesibilidad o con garantías de seguridad como la preservación de la identidad de las víctimas, por ejemplo.

Asimismo, recordó que los edificios más representativos de la Administración de Justicia se construyeron o fueron adaptados para su uso hace más de dos décadas, por lo que no cumplen en ocasiones con las necesidades actuales de la Justicia.

Indicó que a ello se añade la necesidad de contar con superficie para la instalación de nuevos juzgados, la creación de nuevos órganos judiciales o la ubicación de juzgados territoriales que atiendan necesidades temporales, como la litigiosidad derivada de las cláusulas suelo.

Por todo ello, añadió, ya se está buscando nuevos inmuebles para atender estas necesidades, con el criterio de proximidad a la sede principal y garantizando las condiciones de trabajo y seguridad de quienes trabajan en la Administración de Justicia.

RENOVACIÓN PROGRAMADA

Indicó que, dentro de esta renovación programada, este plan de choque incluye la agrupación de las sedes judiciales de Móstoles y Torrejón, creando en ambos partidos judiciales un único edificio que aglutine los distintos órdenes jurisdiccionales.

Para ello, en este primer semestre está previsto firmar sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de las dos localidades para la cesión de suelo donde poder ubicar las nuevas edificaciones.

También se buscarán ubicaciones que ofrezcan una solución transitoria a la elevada ocupación de las sedes existentes en los dos municipios mientras se construyen las nuevas infraestructuras.

En Madrid capital, en los próximos meses también se sentarán las bases para la reubicación de sedes con líneas de actuación principal: la creación de un núcleo Penal en una única zona de la ciudad, manteniendo además la sede de Plaza de Castilla; agrupación de las secciones de lo Civil y de lo Penal de la Audiencia Provincial; agrupación de los juzgados de Primera Instancia; y reubicación de las secciones de la Fiscalía que tienen una peor situación.

Dijo que “en 2017 queremos sentar las bases que sirvan para mejorar las condiciones en las que se desempeña la actividad judicial, desde el punto de vista del espacio en el que ésta se desarrolla, dando primacía a la seguridad y al bienestar de quienes trabajan en las sedes judiciales”.

Informó de que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 contempla un aumento del 47,3% en la inversión destinada a la modernización de las sedes judiciales.

En concreto, manifestó que el presupuesto previsto este ejercicio para la Subdirección General de Infraestructuras Judiciales pasa de 17,8 a 26,3 millones de euros, es decir, 8,5 millones más que en 2016.

Asimismo, el citado proyecto presupuestario también incluye 1,57 millones de euros adicionales que se destinarán a renovación de mobiliario, señalización y equipos de impresión.