En su comparecencia ante la subcomisión parlamentaria para el Pacto Social y Político por la Educación, Pazos consideró que los trabajos de ésta podrían alargarse un año -“está prevista para seis meses pero seguro que se amplía”, dijo-, y agregó que “después necesitará cierto tiempo para elaborar su informe de conclusiones”.

“Si éste sale adelante” (se aprueba en votación), habrá que elaborar un borrador para la nueva ley, y “después transcurrirá un mínimo de año y tres meses o año y medio para tramitar” la nueva norma, apuntó Pazos.

En consecuencia, “unas elecciones anticipadas podrían acabar con todo este trabajo”, indicó, y alertó de que “algunos están jugando con los tiempos y con esta subcomisión”.

En concreto, Pazos expresó sus dudas sobre la voluntad del Gobierno en este sentido, “pues si presentó recurso de inconstitucionalidad” contra la iniciativa legislativa para derogar la Lomce, “podría hacer lo mismo con los trabajos de esta subcomisión”.

Por otra parte, animó a los participantes a aprobar el informe de diagnóstico “por consenso” y a buscar el acuerdo de la comunidad educativa. “De lo contrario, podrá ser un pacto político, pero no será social”, advirtió.

DEBERES ESCOLARES

Por otro lado, Pazos insistió en la idea de que los profesores “se extralimitan” con el envío de deberes para casa y pidió regular este asunto en la nueva ley.

A su juicio, “nos impiden gestionar nuestras vacaciones, el tiempo de ocio familiar y las relaciones con nuestros hijos”.

Además, criticó que “esto supone transmitir la responsabilidad de enseñar a las familias”, y defendió que las tareas escolares, “que sí deben existir, se resuelvan siempre en el centro, con un profesional de verdad y no con un profesor amateur que es lo que somos los padres”.

PSOE, PP y Ciudadanos consideraron que esta limitación supondría “una intromisión en las competencias” del profesorado, mientras que Unidos Podemos abogó por que sea cada centro el encargado de regular dicha cuestión.