"El anuncio de un recorte de la ayuda al desarrollo de 600 millones entre 2010 y 2011 es una mala noticia. Los derechos sociales y el compromiso internacional, que son las señas de identidad de nuestro país, no pueden ser lo primero que caiga ante una crisis agravada por el miedo a los mercados financieros”, agregó Arpa.

La directora de IO pidió al Gobierno que haga "con urgencia una profunda reforma en la gestión de la ayuda para ganar en calidad, eficacia e impacto y sacar el máximo de cada euro”.

”Los recortes sociales son muy cuestionables, pero serán absolutamente incomprensibles si los países de la UE no establecen de una vez una Tasa a las Transacciones Financieras que grave con un 0,05% los movimientos de capitales, y pongan en marcha medidas para castigar y evitar el agujero negro de la evasión fiscal a través de los paraísos fiscales", concluyó.