Así lo explicó De la Serna en una rueda de prensa, donde defendió que la competencia en la regulación de este tipo de viviendas reside en las comunidades autónomas.

De hecho, sostuvo que las autonomías “tienen herramientas para poder tomar decisiones”, ya que son las que pueden regularlo. Y las que deben llevar a cabo el control y la vigilancia sobre la existencia de alquileres de tipo turístico de forma ilegal.

Además, advirtió sobre el impacto de este tipo de viviendas en el mercado del alquiler en algunas ciudades, entre las que se refirió especialmente a Barcelona. En el caso de la capital catalana, lamentó que a este efecto se suma la restricción a la ampliación de la oferta turística que supone la decisión municipal de no permitir la construcción de nuevos establecimientos hoteleros.

También criticó al consistorio dirigido por Ada Colau por no impulsar la vivienda protegida, ya que según el ministro existe superficie disponible.