A juicio de la Junta, esto consolida la “competencia fiscal desleal” que ejercen las diputaciones forales del País Vasco desde 1996, a través de la reducción del Impuesto de Sociedades.

La consejera regional de Hacienda, Pilar del Olmo, fue la encargada de explicar el recurso que presenta el Gobierno autonómico contra el blindaje, aprobado por el Senado el pasado 10 de febrero y que, en la práctica, otorga rango de ley a las normas fiscales de las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

A su juicio, la principal consecuencia es que los tribunales ordinarios dejan de estar legitimados para dirimir conflictos relacionados con la legislación tributaria foral, que sólo puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.

En todo caso, del Olmo quiso dejar claro que la Junta “no es contraria” a los derechos históricos reconocidos en la Constitución Española, aunque tiene la “obligación de defender los derechos legítimos de los ciudadanos y empresas regionales”.

A partir de ahora, las autonomías únicamente pueden llevar al Constitucional las leyes estatales que les perjudiquen. Puesto que las normas forales no entran en esta categoría, Castilla y León no podrá volver a recurrirlas.

De ahí que el Ejecutivo presidido por Juan Vicente Herrera haya decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el blindaje (regulado en la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial), una postura “coherente” con la mantenida por Castilla y León en los últimos años, centrada en combatir las rebajas del Impuesto de Sociedades en el País Vasco.