La Comisión Permanente acordó autorizar el traslado de Garzón por tres votos a favor y dos en contra. El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar y Margarita Robles votaron a favor de la autorización, mientras que Antonio Dorado y Almudena Lastra emitieron voto en contra.

El máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, tras estimar los informes favorables remitidos en las últimas horas, decidió recurrir a una fórmula novedosa y especial para autorizar el traslado de Garzón.

Si bien los vocales acordaron no conceder a Garzón el permiso de servicios especiales solicitado, una figura que en principio sólo se puede aplicar a los jueces en activo, no apreciaron “razones legales que impidan la contratación” del magistrado por parte de la Fiscalía del TPI, según explicó en rueda de prensa la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.

“En consecuencia, la Comisión Permanente permite tal contratación”, dijo la portavoz. Los argumentos concretos de la decisión del CGPJ no se conocerán hasta que la Comisión Permanente redacte la resolución completa.

La solución podría pasar por exigir a Garzón que renuncie a cobrar el sueldo base que, como magistrado suspendido cautelarmente, todavía tiene derecho a percibir. Esta fórmula permitiría al juez trasladarse a la Fiscalía del TPI sin tener que pedir una excedencia y sin solicitar su salida de la carrera judicial, dos soluciones con las que perdería su destino y con las que, por lo tanto, no podría volver a la Audiencia Nacional si finalmente es absuelto por el Tribunal Supremo.

El pleno del CGPJ decidió el pasado viernes suspender cautelarmente en sus funciones al magistrado y apartarle temporalmente de la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo dictara apertura de juicio oral contra él y le llevase al banquillo de los acusados por su investigación de los crímenes del franquismo.

VOTOS EN CONTRA

Tanto Almudena Lastra como Antonio Dorado emitieron votos particulares para mostrar su discrepancia con la decisión adoptada por la Comisión Permanente, aunque se expresaron en sentido contrario.

Mientras Lastra expresó su disconformidad por entender que el Consejo debería haber concedido directamente el permiso de servicios especiales a Garzón, Dorado mostró su oposición por considerar que la Comisión Permanente debería haberse limitado a denegar el permiso solicitado por el juez, “sin perjuicio de que una nueva petición de naturaleza distinta hubiera podido ser estimada”.

La portavoz del CGPJ señaló que la decisión se ha adoptado “a la vista del tenor de los informes favorables emitidos por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores”.

Además, los vocales valoraron el hecho de que la Fiscalía del TPI, dirigida por Luis Moreno Ocampo, reiterase la oferta de trabajo realizada a Garzón y aclarase que su suspensión cautelar no modifica en nada su interés por el magistrado.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Por su parte, la Fiscalía General del Estado aseguró este martes en un informe que la ley permite que el CGPJ conceda a Garzón el permiso de servicios especiales para trabajar en el TPI a pesar de que la nueva situación administrativa del magistrado.

El departamento dirigido por el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, tras examinar los distintos artículos que regulan la suspensión cautelar de los jueces y los permisos de servicios especiales, concluyó que la ley “no establece como consecuencia necesaria de la situación de suspensión provisional de un juez o magistrado la imposibilidad de que ésta cambie de situación administrativa, y, por consiguiente, pueda ser declarado en servicios especiales”.

De forma complementaria, la Sala de lo Penal comunicó al CGPJ que, tras audiencia de los tres magistrados que instruyen las tres causas abiertas contra Garzón, “no se han adoptado en ninguna de ellas medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del magistrado”.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que sigue considerando de interese la presencia del juez en La Haya. Asuntos Exteriores argumentó que siempre está a favor de potenciar la presencia española en los órganos internacionales.

El secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez, elaboró un último documento a la luz de estos informes en el que señalaba que la ley permitía que Garzón se trasladase a La Haya.