Estas recomendaciones figuran en un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Examen Periódico Universal, al que se sometió España el pasado 5 de enero en Ginebra (Suiza).

Según Amnistía, España ha rechazado establecer un mecanismo independiente que investigue los presuntos casos de violaciones graves de derechos humanos que cometen los agentes de policía en los casos de detención.

Además, condenó "enérgicamente" la negativa española a revisar su sistema de detención en régimen de incomunicación, que permite que las personas detenidas por presuntos delitos de terrorismo puedan estar recluidas en régimen de incomunicación hasta 13 días, o hasta 5 en el caso de otros delitos graves.

Durante este tiempo, los detenidos no tienen derecho a recibir asistencia de un abogado de su elección ni a consultar en privado con su abogado de oficio, y sus familias no reciben información de su detención y del lugar donde se encuentran recluidos.

Amnistía afirmó que recibe a menudo denuncias de tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas en régimen de incomunicación y que la mayoría de estos casos no conllevan investigaciones efectivas e imparciales.

Por otro lado, Amnistía señaló que tomará nota de que España examinará la recomendación de investigar, castigar y reparar los crímenes de desaparición forzada, sea cual fuere el momento de su comisión.

La organización pidió que España investigue los crímenes cometidos durante el franquismo y garantice que no se aplica ninguna amnistía a los crímenes de lesa humanidad, e instó a aprobar esta recomendación antes del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar el próximo mes de septiembre.

Conforme al Examen Periódico Universal, España estudiará en los próximos meses la recomendación de revisar y aclarar la definición de la tortura en su Código Penal. Amnistía reclamó que España haga cumplir la prohibición absoluta de la tortura en todas las circunstancias.

Amnistía aconsejó a España que garantice que las personas detenidas tienen acceso a asistencia letrada sin demora y pueden comunicarse con un abogado en privado, ya que ha documentado varios casos en los que las autoridades españolas han devuelto a personas a países donde corrían un riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos.

Por último, Amnistía acogió con satisfacción el apoyo de España a las recomendaciones de elaborar y publicar estadísticas oficiales sobre crímenes e incidentes raciales y desarrollar un plan nacional de acción contra el racismo y la xenofobia.