Entre las razones que aducen los encuestados para reclamar un nuevo marco de financiación, son la dificultad para reducir el gasto en los servicios públicos transferidos.

Asimismo, citan la "insuficiente" participación en los ingresos totales y la deficiente asignación de fondos en el proceso descentralizador.

Entre las causas de las dificultades financieras por las que atraviesan algunas comunidades autónomas, el 66% de los encuestados cita el gasto sanitario, seguido por el crecimiento "discrecional" de otros gastos (41%).

La mejor manera de resolver las disfunciones del actual sistema es, para el 45,4% de los encuestados, un nuevo modelo de financiación que permita a las comunidades autónomas "mayor capacidad normativa sobre los impuestos cedidos o participados y una mayor autonomía en la gestión de la recaudación, es decir, mayor corresponsabilidad fiscal".

No obstante, hay un 38% que estima suficiente "una reforma parcial" del sistema basada en una mayor participación en los tributos estatales y sólo el 16,7% cree que el actual modelo garantiza la suficiencia financiera de las comunidades autónomas.

CONSTITUCION UE

Por otra parte, la mayoría de los encuestados dicen que la falta de acuerdo sobre la Constitución Europea tendrá efectos sobre la economía de la UE. Así, el 78,3% cree que las dificultades en la ratificación afectarán a la evolución de la economía europea.

Para el 46,8% este desacuerdo afectará "mucho" a la confianza de los agentes económicos y, según el 45,2%, retrasará los procesos de liberalización de los mercados laborales y de bienes y servicios.

Sin embargo, estos efectos no amenazan a la moneda única, ya que el 93,3% de los encuestados cree que el euro está "firmemente" asentado y no ve posibilidad alguna de vuelta atrás a las monedas nacionales.