La idea nació de la estrategia de trabajo que llevó a cabo la Federación en la generación de alianzas con otras organizaciones o plataformas civiles organizadas que persiguen los mismos objetivos que FAMMA. Se trata de un proyecto piloto que se pretende extrapolar a otras asociaciones vecinales de Madrid.

El presidente de FAMMA, Javier Font, explicó que “es necesaria la alianza de estas características con la sociedad civil organizada para que colabore en la mejora de la vida de todos los ciudadanos.”

El vicepresidente de la plataforma y encargado de esta cuestión, Alejandro González, añadió: “La movilidad es una preocupación fundamental de la Plataforma Chamberí Se Defiende desde que nos constituimos para denunciar las actuaciones contempladas en el Plan Chamberí Zona30. Pero trabajar por la movilidad no puede limitarse a plantear modelos de convivencia razonables entre conductores y peatones, trabajar por la movilidad consiste también en hacer accesibles e inclusivos todos nuestros espacios públicos”.

El equipo de FAMMA expuso a la plataforma la normativa vigente, así como los detalles más relevantes con los que se van a encontrar. El gabinete de Accesibilidad Universal y Diseño Para Todos de FAMMA explicó cómo deben ser las aceras, el pavimento o el mobiliario para que no entorpezca la deambulación de personas con movilidad reducida, ni les limite o excluya de manera discriminatoria.

Entrando en detalle, se expuso que los bolardos deben ser altos para no tropezar con ellos; los vados de coches no pueden interrumpir el paso por la acera; los pasos de peatones deben estar enrasados con la calzada, con pendientes suaves y pavimentos diferenciados; todas las zonas de las plazas y jardines deben ser accesibles; cuando hay escaleras, tiene que existir una rampa alternativa; los parques deben estar vallados y alejados del tráfico y deben permitir jugar a los niños con discapacidad.

Ambas asociaciones recuerdan que a partir del 4 de diciembre todos los espacios públicos urbanizados y edificaciones, los transportes, así como los entornos, productos y servicios de uso público, deberán ser accesibles en su totalidad. Así lo establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.