El ministerio público recibió esta misma mañana un dossier de centenares de folios y varios documentos audiovisuales de las Fuerzas de Seguridad, que ha trasladado a las partes para su análisis. En un intento de evitar que los citados aleguen “indefensión” y con la intención de que tengan tiempo de analizar los nuevos datos, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió a la jueza Carmen Lamela el aplazamiento de las declaraciones.

La magistrada acordó la celebración de los interrogatorios, sin descartar una próxima citación. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que a la vista de la nueva documentación podría haber nuevos imputados, ninguno de ellos con responsabilidades políticas, e incluso se podría ampliar el número de delitos que se les atribuyen.

La nueva documentación deberá ser trasladada físicamente a las partes, que deberán contar con un tiempo para estudiarla, por lo que previsiblemente la nueva citación no tendrá carácter inmediato.

El informe policial hace referencia a los hechos de los días 20 y 21, a los que por el momento se circunscribe la investigación y que se centran en el registro de las dependencias del departamento de Economía de la Generaltat y la detención de 14 cargos del Gobierno catalán por orden judicial y posteriores incidentes con la Guardia Civil, que fue acosada por manifestantes. Sin embargo, los nuevos datos analizan sucesos posteriores, incluso ocurridos en la misma jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.

ATESTADO “TRASCENDENTE”

Según una nota de prensa difundida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el nuevo atestado policial “puede resultar trascedente” para determinar en toda su dimensión el alcance de la imputación a los cuatro investigados y, en consecuencia, la posible petición de medidas cautelares en su contra.

La Fiscalía, “plenamente comprometida con la defensa de la legalidad, considera que la decisión sobre la adopción de medidas cautelares debe realizarse, en su caso, valorando todo el material obrante en las actuaciones y con todas las garantías para los acusados”.

A continuación, el ministerio público solicitó a la magistrada instructora que fije “una nueva fecha a la mayor brevedad posible” para continuar las declaraciones, tras las que solicitará, en su caso, la celebración de la comparecencia de medidas cautelares.

La Fiscalía explica además que “velará por que en la nueva citación se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado”.

TRAPERO DECLARÓ

Trapero ha sido el único en declarar ante la jueza, aun a sabiendas de que había nueva documentación sobre los hechos que se le imputan. Respondió a las preguntas de la jueza, del fiscal y de su defensa. Fuentes fiscales indicaron que sus alegaciones han sido poco “convincentes”. Al finalizar, el ministerio público volvió a solicitar el aplazamiento de las comparecencias.

Previamente, la teniente de los Mossos Teresa Laplana alegó un problema de salud para no acudir a la Audiencia, y fuentes jurídicas explicaron que el forense autorizó su declaración por videoconferencia. La agente se negó a declarar con el argumento de que su estado de salud no era el más adecuado para afrontar una declaración judicial.

Por su parte, Sánchez y Cuixart se negaron a responder. Todos ellos recibieron la ovación del grupo de diputados y senadores del PDeCAT, ERC y Bildu que les acompañó a su entrada. El jefe de los Mossos entró como salió, con el semblante serio, el paso tranquilo y sin decir nada a las decenas de periodistas que le esperaban en la puerta.

En declaraciones realizadas a los periodistas a su salida del juzgado, Jordi Cuixart explicó que se acogió a su derecho a no declarar por “no reconocer la competencia de este tribunal para investigar el delito de sedición y porque estamos convencidos de que no hemos cometido ningún tipo de delito que se nos pueda imputar”.

Sánchez, en cambio, respondió sólo a su defensa para alegar la “legitimidad de una movilización pacífica, no violenta, de una parte importante de la ciudadanía de Cataluña, que ni comprende ni acepta actuaciones como las del pasado 20 de septiembre”. Al igual que Cuixart, rechazó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar este caso, que, según su criterio, debería ser visto por los tribunales catalanes.