Trapero defendió este viernes la actuación de los agentes que están bajo su mando durante el asedio a la Guardia Civil y aseguró que fue "correcta y necesaria”, puntualizando en todo caso que no se les avisó "con suficiente antelación". Fuentes jurídicas aseguraron que esta declaración del jefe de los Mossos no ha convencido a la Fiscalía.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó este viernes en dos ocasiones el aplazamiento de la declaración del mayor de los Mossos d'Esquadra, de la teniente Teresa Laplana y de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, tras haber recibido un nuevo informe de las Fuerzas de Seguridad con material probatorio sobre lo sucedido los días 20 y 21 de septiembre y los días anteriores y posteriores. Ese es el motivo principal por el que el fiscal no ha decidido sobre la solicitud de medidas cautelares.

El ministerio público recibió este mismo viernes un dossier de centenares de folios y varios documentos audiovisuales de las Fuerzas de Seguridad, que trasladó a las partes para su análisis. En un intento de evitar que los citados aleguen “indefensión” y con la intención de que tengan tiempo de analizar los nuevos datos, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió a la jueza el aplazamiento de las declaraciones.

La magistrada acordó la celebración de los interrogatorios, sin descartar una próxima citación. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que a la vista de la nueva documentación podría haber nuevos imputados, ninguno de ellos con responsabilidades políticas, e incluso se podría ampliar el número de delitos que se les atribuyen.

La nueva documentación deberá ser trasladada físicamente a las partes, que deberán contar con un tiempo para estudiarla, por lo que previsiblemente la nueva citación no tendrá carácter inmediato.

El informe policial hace referencia a los hechos de los días 20 y 21, a los que por el momento se circunscribe la investigación y que se centran en el registro de las dependencias del departamento de Economía de la Generaltat y la detención de 14 cargos del Gobierno catalán por orden judicial y posteriores incidentes con la Guardia Civil, que fue acosada por manifestantes. Sin embargo, los nuevos datos analizan sucesos posteriores, incluso ocurridos en la misma jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.