Coincidiendo con el segundo aniversario de la aprobación de la norma, que se cumple este lunes, desde la PTS explicaron en un comunicado que el sector se encuentra en una situación “complicada y de extrema dificultad”.

Esto viene motivado, según indicaron, por el cambio de modelo de gestión de las subvenciones del IRPF, la alteración sustancial del sistema de financiación y la falta de garantías con respecto a cómo se van a resolver las convocatorias este año, el primero en el que el 80% de la gestión de las ayudas recae en las comunidades autónomas.

En este sentido, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, subrayó que es “prioritario” desarrollar cuanto antes el Programa de Fomento e Impulso para las entidades del Tercer Sector que contempla la ley, y con el que, a su juicio, se podrán seguir aportando soluciones viables a los problemas de exclusión social que existen en la sociedad. “Necesitamos un Tercer Sector con fortaleza y capacidad, que sea verdaderamente un eje del modelo democrático y social”, manifestó.

Hasta el momento sólo se ha aprobado el Reglamento de la Comisión para el Diálogo Civil. Sin embargo, entre las cuestiones pendientes está el citado programa de impulso, la regulación del estatuto de las organizaciones sociales como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado o la creación y puesta en marcha del inventario de las entidades sociales.

Poyato indicó que “la ley fue una antigua demanda de las organizaciones sociales que con mucho esfuerzo se pudo sacar adelante, convirtiéndose en la primera ley para el sector de este país, pero sin un desarrollo normativo la ley no podrá abrazar los objetivos que pretendía y muchas de sus potencialidades quedarán truncadas”.

Por último, el presidente de la PTS recordó que el Tercer Sector atiende a más de siete millones de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social y reclamó el compromiso de la Administración para poder seguir realizando esta labor en condiciones “óptimas”.