En la iniciativa a se establece que esta auditoría deberá estar realizada antes de nueve meses y tendrá, entre otros, el encargo específico de conocer-calcular para cada hospital algunos puntos concretos.

Entre estos puntos cita el coste estimado para la Administración de los pagos correspondientes a la puesta disposición del hospital (construcción y equipamiento de la infraestructura) a lo largo de la vida del contrato; el coste anual para la Administración en 2016 de cada uno de los servicios incluidos en el contrato, su diferencial respecto al coste que tienen para la concesionaria, y el que pudieran tener respecto a hospitales comparables de gestión pública con otro tipo de contratos.

Además, se pide información sobre la repercusión del IVA a los distintos servicios componentes del contrato, su importe, así como la parte que lo soporta y las participaciones accionariales cruzadas que pudieran existir entre la concesionaria, sus accionistas, y las empresas subcontratadas.

En la PNL aprobada se insta a “negociar con las empresas concesionarias un reequilibrio financiero de los contratos que sea más favorable al interés público, teniendo en cuenta la evolución habida en el mercado del crédito desde la firma de los contratos, así como la experiencia con los mismos” y “mejorar la transparencia de estos contratos”.

Asimismo, salió adelante ”encargar a una comisión multidisciplinar de expertos reconocidos una evaluación externa global de este tipo de contratos y de su impacto en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, para que en un plazo no superior a un año sea presentada y debatida en la Asamblea de Madrid”.