La ONG señala que en comparación con la cobertura de conflictos armados o convocatorias electorales en determinados países, el medio ambiente no es un asunto tan peligroso para la prensa, pero el número de actuaciones contra periodistas por este motivo "aumenta sensiblemente", aunque es difícil cuantificar una cifra.

En su informe de 2009 apuntó "más de quince casos de periodistas desaparecidos, arrestados o amenazados por sus investigaciones sobre el medio ambiente" y asegura que este año los cálculos no han mejorado.

Indonesia, Argentina, El Salvador, Gabón, India, Azerbaiyán, China y Marruecos son los países en los que RSF tiene puesto el objetivo. El último incidente que dice tener constatado es la paliza que le dio hace dos semanas un militar indonesio a un periodista en la provincia de Aceh. El oficial le reprocha la publicación de un artículo sobre su implicación en un tráfico ilegal de madera.

El informe describe la manera con la que el Gobierno de Vietnam intentó acallar cualquier tipo de debate acerca del impacto ambiental de minas de bauxita explotadas por una empresa china, y en Argentina, una investigación sobre el terreno de RSF le permitió establecer que los periodistas se veían presionados por partidarios y adversarios de un proyecto minero al mismo tiempo.

Empresas mineras y siderometalúrgicas (las chinas Aluminium Corp Of China y Mettalurgical Group, y las canadienses Yamana Gold y Pacific Rim), grupos petroleros (Shell, Addax o Synopec) y del sector papelero (Sinar Mas, Riau Andalan Pulp and Paper) y también empresas francesas (Bolloré o Areva) se citan en este informe por su papel directo o indirecto en casos de intimidaciones o censura a los medios.

"Los periodistas no tienen ningún problema en evocar el calentamiento climático", señala Reporteros Sin Fronteras. "En cambio, investigar las causas de tal fenómeno, en particular la deforestación y las contaminaciones industriales, sigue siendo un ejercicio mucho más peligroso. El principal obstáculo para una cobertura independiente y de calidad de estos dos fenómenos reside en la connivencia entre los industriales (productores forestales, empresas mineras, etc.) y las autoridades locales".