La norma, en vigor desde el pasado 7 de octubre, salió adelante con 246 votos a favor y 91 en contra, gracias al respaldo de formaciones como PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que otras como Unidos Podemos, ERC, PNV y PDCat la rechazaron.

Desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O más de 800 empresas han trasladado su sede social fuera de Cataluña, entre las que se encuentran seis cotizadas del Ibex-35: Sabadell, CaixaBank, Gas Natural, Colonial, Abertis y Cellnex.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, defendió durante el debate la importancia de la “seguridad jurídica” y de dotar de “certidumbre” al marco de actuación de las empresas.

El Gobierno aprobó este decreto para facilitar que las empresas puedan trasladar su sede social fuera de Cataluña, dada la incertidumbre generada por la deriva independentistas de la Generalitat.

La norma aclara quiénes son los órganos competentes para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan. Así, se facilitan los trámites de manera que solo si existe una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad, será el Consejo de Administración el competente para aprobarlo.

El diputado del PSOE Julián López Milla destacó que el decreto busca “aclarar” la redacción de la actual legislación para “acelerar los cambios del domicilio social”. A quienes dicen que sólo son cambios “administrativos, temporales y reversibles” sin efectos económicos, les pidió no llevarse a engaño porque la “inercia” puede llevar a que se conviertan en decisiones “firmes e irreversibles” con impacto en la riqueza y el empleo.

El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, denunció que las empresas se van de Cataluña “por culpa” de un Gobierno “populista” que está “cegado por una bandera”. Además, preguntó a los “salvapatrias y estadistas” de la Generalitat “quién va a pagar impuestos si no queda ni una sola empresa“ en Cataluña, y les acusó de “engañar a su población sin escrúpulos y a conciencia”.

Según la diputada de PP Teresa Palmer, no se obliga a las empresas a trasladar su domicilio social, son éstas las que lo hacen de manera voluntaria “dadas las dificultades que viven en Cataluña”. Palmer afirmó que un Gobierno de la Generalitat “radical y obsesionado con la independencia ha abandonado sus funciones” básicas.

CRÍTICAS

Desde las filas de Unidos Podemos, Alberto Garzón señaló que esta norma no habría sido necesaria “si hubiera cauces políticos, diálogo y un espacio razonable de sentido común”.

Además, subrayó que con diálogo “no habría inestabilidad económica”, CaixaBank no habría “levantado el teléfono” pidiendo una reforma normativa ‘ad hoc’ y el Gobierno no le debería “un favor más” a la entidad.

Para ERC, según el diputado Joan Capdevila, este decreto es una especie de “a por ellos” pero de “cuello blanco”, con el que se quiere “asustar” a inversores y ciudadanos con “las siete plagas de Egipto que traería la independencia” de Cataluña. Además, acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de lanzar mensajes de “incertidumbre” sobre la economía catalana.

El portavoz del PDCat en el debate, Ferrán Bel, señaló que con este decreto el Gobierno le da “credibilidad” a la independencia de Cataluña y que han hecho que las empresas se posicionen sobre este tema. En todo caso, recordó que sólo costaría 80 euros que las sociedades que han salido volvieran a Cataluña, para también poner en valor que hay 260.000 que se mantienen en la región.

Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal justificó su rechazo a la reforma porque, entre otras razones, este decreto “no atiende a un criterio ni jurídico ni económico”.