A este respecto, desde el Ejecutivo se señaló que, hasta que exista un pronunciamiento judicial, lo que haga Puigdemont está fuera de su “ámbito de actuación”, por lo que no podía impedirse su traslado a la capital belga.

Desde el Gabinete de Mariano Rajoy se indicó que “que en este momento no existe ningún tipo de restricción” a la “libertad de movimientos” de Puigdemont y que sería un delito de detención ilegal el controlarle en estos momentos.

Esta situación de Puigdemont permanecerá hasta que el juez previsiblemente cite a declarar al expresidente catalán tras la querella presentada contra él este lunes por la Fiscalía. El Ministerio Público considera que el exmandatario autonómico habría cometido los delitos de rebelión y sedición, entre otros, durante el proceso secesionista que culminó este pasado viernes con la aprobación de la declaración de independencia en el Parlament.

En el caso de que la Audiencia Nacional admita esta querella a trámite, Puigdemont podría ser citado a declarar en calidad de investigado. Tras su declaración, podría ingresar en prisión o dictarse contra él medidas restrictivas de sus movimientos, como quitarle el pasaporte o presentarse regularmente en el juzgado.