En declaraciones a Servimedia, Padrón negó que Puigdemont pueda realizar su declaración desde Bélgica, como ha anunciado su abogado, Paul Bekaert, ya que “un imputado en un proceso penal no puede elegir por sí solo ni el momento en que comparece ante el juzgado ni la forma en que lo hace”. Afirmó que “la declaración debe ser en presencia de la magistrada competente que ha admitido a trámite la querella” contra él, Carmen Lamela.

“Si no obedece, la citación puede convertirse en orden de detención”, advirtió, mencionando el instrumento contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para cualquier citado que no alegue una causa que justifique su ausencia.

Al hallarse Puigdemont en Bélgica, se aplicará por medio de la Orden Europea de Detención, avalada por una simple remisión a Bruselas de los motivos de la citación, dado que “todos los países de la UE participan del mismo espacio jurídico”, lo cual agiliza mucho las cosas respecto a los convenios de extradición con terceros países.

Para Rodríguez Padrón, éste “es el escenario judicial más probable al que está empujando Puigdemont”, y “por mucho asesoramiento jurídico que tenga” al haber contratado los servicios de Bekaert, supuestamente experto en evitar extradiciones, no podrán oponerse al mecanismo ni a que el expresidente catalán acuda “por la fuerza, ya que él así lo quiere, ante el órgano judicial al que no puede burlar”.

El presidente de la APM avisó de que el que obligando a España y Bélgica a ejecutar este mecanismo y “con ello consiga más o menos resonancia política es algo que no va a influir sobre la ejecución de la orden de detención”.

Eso sí, puntualizó que este mecanismo “es independiente” de las posibles medidas cautelares ulteriores que decrete la Audiencia Nacional, como retenerle el pasaporte, prohibirle la salida de España, obligarle a comparecer periódicamente en el juzgado o incluso la prisión provisional, que se adoptarán o no “en función de los delitos que se le imputan o los posibles riesgos que se consideren”.