La magistrada atiende así la petición de la Fiscalía, que solicitó prisión incondicional para Meritxell Borràs, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn y fijó una fianza de 50.000 euros para el también exconseller Santi Vila, que ingresará en la cárcel como sus compañeros hasta que deposite la fianza.

La magistrada justifica su decisión en el “alto riesgo de reiteración delictiva”, “la alta probabilidad de que puedan alterar o destruir” pruebas y su alto poder adquisitivo, que les permitiría la huida al extranjero y su supervivencia fuera del país.

En su auto, la jueza insiste: “Baste recordar el hecho de que algunos (de los investigados) ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber recurrido”.

Los exmiembros del Gobierno catalán que han acudido este jueves a declarar a la Audiencia Nacional se han visto, por tanto, perjudicados por el hecho de que el expresident, Carles Puigdemont, y otros cuatro consejeros hayan permanecido en Bélgica, no hayan comparecido a la citación judicial y, además, hayan anunciado que se opondrán a ser entregados a las autoridades españolas.

La jueza asegura en su auto que todos los hechos abordados por los exmiembros del Gobierno catalán estaban “meditados y perfectamente preparados”. Recoge el auto que todas las defensas han destacado que sus representados “no están de acuerdo con la violencia y que no han propugnado actos violentos”.

Sin embargo, Lamela sostiene que “los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas que llevarían a la celebración del referéndum”.

En su argumentación, la magistrada recuerda que los investigados podrían ser condenados a 25 años de prisión por el delito de rebelión, 15 por sedición y ocho por malversación, que podrían ser hasta 10 en caso de que haya habido un falseamiento de la contabilidad, y señala que la importancia de las condenas justifica una medida cautelar de la envergadura de la prisión preventiva.

“Cobra especial importancia el papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse”, asegura, antes de afirmar que “la acción de los querellados fue meditada y perfectamente preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”.

Insiste en que los investigados “jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad”.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado dentro de los próximos tres días y con carácter subsidiario se podrá recurrir en apelación en un plazo de cinco días.

En el caso de Santi Vila, la jueza no aprecia peligro de reiteracón delictiva y en caso de que consigne la fianza se le prohibirá la salida del territorio nacional y se le exigirá la entrega del pasaporte y la presentación con periodicidad quincenal en el juzgado más cercano a su domicilio.