La Sala de Gobierno está formada por el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, los tres presidentes de Sala, Concepción Espejel (Penal), Eduardo Menéndez (Contencioso) y Ricardo Bodas (Social), y otros tres magistrados electos. Todos ellos han votado unánimemente el texto en el que aseguran que las decisiones adoptadas en los procedimientos aludidos “responden exclusivamente a los motivos recogidos en las propias resoluciones”.

Llama la atención que todos los magistrados, incluidos los pertenecientes a la asociación progresista Jueces para la Democracia, hayan respaldado la redacción de esta declaración, pese a que esta asociación ha sido crítica con la prisión provisional de los exmiembros del Gobierno catalán.

Indican que ante “la grave situación” en que se está desarrollando el ejercicio de la función jurisdiccional, “exigimos el máximo respeto a la independencia judicial de conformidad con la normativa internacional y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que proclama la necesidad de la promoción de la confianza colectiva en la justicia, objetivo constitucional de primer orden y fundamento de nuestra convivencia en paz y libertad”.

Además, insisten en que la independencia judicial es un “instrumento esencial” para el ejercicio de la función jurisdiccional y la tutela de los derechos y libertades fundamentales.

“Sin jueces independientes, no hay Estado de Derecho”, continúa la declaración, “por eso quien cuestiona insistentemente la independencia de nuestros jueces y magistrados quiere erosionar la credibilidad de nuestra Constitución y del Estado de Derecho”.

La Sala se remite al texto aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial del pasado 19 de octubre en el que exigía también el máximo respeto a la independencia judicial ante las críticas de las que ha sido objeto la magistrada Carmen Lamela.