Además de Forcadell, están citados Lluís Maria Corominas, exvicepresidente primero de la Mesa y expresidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí (JxS); Lluís Guinó, exvicepresidente primero de la Mesa y diputado de JxS; Anna Simó, exsecretaria primera de la Mesa y diputada de ERC; Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta de la Mesa y diputada de JxS, y Joan Josep Nuet, exsecretario tercero de la Mesa y exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot.

El juez les había citado en un primer momento para 2 de noviembre. La defensa de los citados solicitó más tiempo para preparar la declaración y Llanera retrasó la citación hasta este jueves. Durante esta semana, el magistrado ha ordenado, a instancias de la Fiscalía, que se ponga vigilancia policial a todos ellos.

Los querellados tuvieron que dar su teléfono y un domicilio para que la Policía Nacional, que es la que ejerce las acciones de policía judicial por el Supremo, pueda ejercer sus labores de control. Se trata del grado más leve en este tipo de controles que se puede establecer por parte de los agentes, siendo habitual que cualquier persona que declara en el Alto Tribunal proporcione sus datos de contacto.

Llanera, sin embargo, rechazó la petición de las defensas de que las declaraciones no tuviesen lugar hasta que llegase toda la documentación solicitada. Esto supone que los interrogatorios se realizarán en cualquier caso este jueves, haya llegado la citada documentación o no.

PRISIÓN

La Fiscalía del Tribunal Supremo está estudiando pedir prisión incondicional para la presidenta del Parlament y para varios miembros de la Mesa por haber dado trámite el pasado 27 de octubre a la iniciativa de Junts pel Sí que permitió votar la declaración de independencia.

El Ministerio Público sólo se plantea rebajar la petición de medidas cautelares para el parlamentario y miembro de la Mesa Josep Nuet, de Cataluña Sí Que Es Pot, quien votó en contra de la inclusión de esta propuesta en el orden del día de la sesión.

Los citados están acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación, los mismos que la pasada semana llevaron a prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a siete exconsellers. La Fiscalía sólo pidió prisión provisional bajo fianza de 50.000 euros para Santi Vila, el exconsejero que dimitió antes de que se produjera la declaración de independencia.

La Fiscalía esgrimirá el riesgo de reiteración delictiva como argumento principal para la aplicación de la máxima medida cautelar, algo que los investigados podrían evitar si declaran su adhesión a los principios constitucionales y expresan su compromiso de no volver a saltarse la ley. En ese caso, el Ministerio Público podría pedir prisión eludible bajo fianza.