Olivera compareció en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, y negó lo que días atrás dijo el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, que reconoció "indicios" de esa financiación y de cobro de sobresueldos por parte de algos cargos del PP, incluido Mariano Rajoy.

En respuesta a preguntas del portavoz del PSOE, Artemi Rayo, Olivera aseguró que el "señor X" de esa financiación sería la persona a la que más dinero se le ha intervenido, y se trata de un empresario. "Yo no he registrado el PP", respondió de forma reiterada cuando le preguntaban por la responsabilidad de ese partido en la obtención de ese dinero.

"Allí no se tapaba nada", respondió en un momento dado a Gloria Elizo, de Unidos Podemos, cuando la diputada insinuó que Olivera facilitó el archivo de denuncias dirigidas contra cargos del PP que después resultaron en investigaciones judiciales de casos de corrupción.

Preguntado insistetemente por indicios de irregularidad que salpiquen al PP, Olivera respondió que con indicios racionales de criminalidad la policía puede detener, pero "no ha detenido a ningún político".

En respuesta a Toni Cantó, de Ciudadanos, Olivera reconoció que en alguno de los informes se puede haber reflejado "algún paralelismo" en la contabildad del PP, pero apuntó a que determinadas personas "se lucraban a título particular".

Olivera sí dejó claro que en la lucha contra ese tipo de delitos "siempre hay que tener muchos más medios", por ejemplo legislativos para proteger a los denunciantes, y también para resolver "el gran problema" que suponen "los aforados" en esos procesos.

COMISIONES, NO DONATIVOS

Sin embargo, en respuesta a Mikel Legarda, del PNV, explicó que tuvo conocimiento de "una organización, unas personas que conseguían adjudicaciones, contratos... hacían de intermediarios, recalificaciones... movían el dinero de España al extranjero, lo colocaban en distintos puestos, se lucraban con ello y utilizaban amistades y relaciones para obtener esos beneficios".

De hecho, cuando después Legarda le habló de si esos "donativos" se hacían a cambio de adjudicaciones el propio Olivera le emplazó a hablar más bien de "comisiones".

Olivera aseguró que hasta julio de 2012 había más de cien imputados en esa operación, de los que apenas un 15% eran políticos y la mayoría eran funcionarios, técnicos o empresarios, y que los informes siempre se remitieron a la Fiscalía y al juzgado correspondiente. El dinero intervenido a los implicados lo estimó en unos 52 millones de euros.

En respuesta a Ester Capella, de ERC, el excomisario reconoció que la mayor parte de las operaciones estaban relacionadas "con el tema de la construcción", y cuando fue pregunntado por las iniciales con las que identificaron a algúnos implicados aseguró que su deseo es que esas personas "reconocieran que son ellas".

Cuando se identifica a alguien, dijo, "es porque tenemos datos suficientes para poderlo acreditar" y porque los investigadores están "prácticamente convencidos" de que se corresponde a esa identidad, y cuando no se puede acreditar se hace constar así.

Olivera explicó también en un momento de su comparecencia que el comisario José Manuel Villarejo aportó "datos de sumo interés" para varias investigaciones.