La alcaldesa, Manuela Carmena; la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre; el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, presentaron la comunicación que envió ayer el Ayuntamiento al Ministerio, que contempla esa retención de crédito por 173 millones.

No precisaron cómo se reparten esas 1.206 partidas, pero Carmena aseguró que no afectarán a las políticas del Ayuntamiento, que no hará menoscabo en los servicios sociales ni ayudas o subvenciones que dejarán de darse y que sólo “quizá” habrá que posponer a 2018 algunas obras que se iban a hacer en lo que queda de año.

Sánchez Mato aclaró que esos 173 millones, un 3,3% del presupuesto municipal, se añaden a los 238 ya inmovilizados por acuerdos de no disponibilidad de ese dinero aprobados en abril. Sin embargo, el Ministerio entiende que esa inmovilización no es válida, puesto que el Ayuntamiento compensó las partidas que no pudo ejecutar mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito, y Hacienda no admite esa solución.

Por eso, el Ayuntamiento aprobó un nuevo Plan Económico Financiero en octubre que contemplaba retenciones por valor de 127 millones, también rechazado por Hacienda por no llegar a los 238. Las medidas incluídas en él se amplían a los 173 millones retenidos ahora.

Sin embargo, el Consistorio asegura que, al denegar el PEF de octubre, el Ministerio solicitó medidas de ajuste adicionales en 2017 de otros 238 millones, que se sumarían a los 238 de los acuerdos de no disponibilidad de abril y a los 127 millones del PEF rechazado, además de otras medidas de ahorro para 2018. Los 173,6 millones de hoy cubrirían los 127 más 46 de los 238 adicionales, por lo que aún faltarían 192 millones por satisfacer.

DUPLICACIÓN DE EXIGENCIAS

Fuentes de Hacienda consultadas por Servimedia no aclararon si es cierta esta duplicación de las exigencias ni el motivo de las mismas, cuando supuestamente el motivo del requerimiento era compensar los 233 millones de exceso de gasto en que incurrió el Ministerio en 2016. Fuentes municipales consultadas al respecto indicaron que esa pregunta la tiene que contestar el Ministerio.

Carmena comenzó aclarando que “el Ayuntamiento no está intervenido”, sino que “ha habido un incremento de la tutela” financiera a la que el Ministerio somete a todos los municipios de España (“una tutela que consideramos necesaria y buena”, apuntó), al exigir información semanal y no trimestral de los gastos madrileños.

También precisó que los 173 millones retenidos, que comunicaron ayer a Hacienda, “no afectan para nada al desarrollo de nuestro programa electoral”, sino que las políticas que considera necesarias las van a seguir haciendo. “Seguimos teniendo muchísimas posibilidades de actuar como tenemos que actuar”, aseguró, enumerando en concreto las inversiones en limpieza, arreglo de calles y mantenimiento de colegios. A lo sumo, dijo, “quizá” habría que posponer a 2018 algunas actuaciones previstas para 2017.

Seguidamente, garantizó que “el Ayuntamiento siempre cumple las indicaciones que recibe de tutela financiera”, pese a su rechazo de una interpretación de la regla de gasto que obliga a tener inmovilizado un dinero del que se dispone, y cuando hay necesidades que cubrir. A su entender, “no pasa nada” por que haya discrepancia entre administraciones sobre la interpretación de las leyes, que acaba en los tribunales, dado que “las leyes han evolucionado gracias a las interpretaciones”.

El Ayuntamiento ya recurrió la interpretación de la regla de gasto, que recordó que es una instrucción del Gobierno y no un texto legislativo, y está pendiente de resolución. Carmena reiteró hoy que “por supuesto que vamos a llevar a cabo las acciones legales correspondientes” pero eludió cualquier controversia cuando se le preguntó si ve intencionalidad política en la actitud de Hacienda con el Ayuntamiento, supuestamente distinta a con otras administraciones. Prefirió vislumbrar un “cambio positivo” en ella, dijo comprender la “trascendencia” que tiene Madrid por su población y comentó con cierta sorna que “la última razón de la diferencia de interpretación…, ahí, a su vez cabe interpretación”.

"AUN EN CONTRA, CUMPLIMOS"

“Pero, aunque estemos en contra, cumplimos”, ratificó. Así lo hizo, defendió, cuando se aprobaron los acuerdos de no disponibilidad de 238 millones en abril y el PEF de octubre, que compensaba las partidas inmovilizadas en los primeros presentando unas como inversiones financieramente sostenibles que se pueden sufragar con remanente de tesorería y nutriendo otras con distintos recursos municipales.

“Estábamos absolutamente convencidos de que ese PEF era conforme a la interpretación del Ministerio. ¿Cuál (no) fue nuestra sorpresa al ver que habían cambiado la interpretación, ya no era lo que se nos había dicho”, exclamó la alcaldesa, para a continuación puntualizar: “Pero por encima de todo está nuestra obligación de cumplir”.

De ese compromiso ha surgido esta retención de crédito de 1.206 partidas por valor de 173,6 millones, de partidas “esparcidas” por todo el presupuesto municipal; una amplitud que, junto a la “representación legal” del Ayuntamiento que ha de ejercer ella misma, le permitió justificar la comisión “transversal” compuesta por los cuatro ediles que intervinieron en la rueda de prensa, dando a entender que no se debe a que tenga que tutelar a Sánchez Mato.

Éste precisó que una parte del dinero inmovilizado, que no cuantificó, se debe a los ahorros en licitaciones y contratos que han conseguido los distritos y los “gestores” económicos de las actividades municipales sobre lo presupuestado; ese remanente se dejará sin gastar para cumplir con Hacienda.

Por su parte, Higueras explicó que del presupuesto previsto para las bonificaciones del IBI, sólo 1.800 de los 4.100 solicitantes tienen derecho a ella, por lo que quedan 1,5 millones que también se pondrán a disposición del Ministerio, así como los 8 millones presupuestados y no gastados en atención a emergencias. Fuentes municipales añadieron otros 17 millones por gasto en personal no ejecutado por no haberse cubierto las plazas. Pero no detallaron de qué partidas se deducirá el resto del dinero hasta los 173 millones.