Sin embargo, explicó que esta propuesta recibió el rechazo de los sindicatos por lo que, en principio, no se incorporará al borrador de Real Decreto sino que será una materia “abierta a la negociación”.

El Ejecutivo considera que es necesario aclarar qué causas justifican que una empresa tenga que reducir su plantilla, para lo que, entre otras medidas, incorporará las últimas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo en esta materia.

Así, el objetivo será que “algunos puntos genéricos tengan una mayor concreción”, que si la empresa “cumple esos requisitos, el despido sea objetivo”.

No obstante, aclaró que la medida no buscará “limitar la capacidad del juez” ni trata de “delimitarlo hasta que sólo tenga que verificar” las causas.

Por otro lado, Corbacho afirmó que el Gobierno "apuesta" por el contrato de fomento del empleo indefinido, que tiene una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, "en su máxima expresión posible".

El ministro subrayó que el Ejecutivo considera que este contrato, con una menor indemnización por despido que el ordinario, es el que mejor "conjuga la certeza para el empresario y la seguridad para el trabajador".

En este caso, dejó claro que la indemnización de 33 días se seguirá aplicando sólo en los despidos objetivos improcedentes, pero no en los disciplinarios, que seguirán teniendo un coste de 45 días. Ésta fue una de las mayores oposiciones que presentaron los sindicatos en la negociación.

El objetivo de apostar por este modelo de contrato es el de "caminar" de la actual "temporalidad/precariedad" a una contratación más estable.

FLEXIBILIDAD INTERNA

Corbacho destacó la "importancia" tanto de esta medida como la de mejorar la flexibilidad interna de las empresas, con el objetivo de favorecer la reducción de jornada en las empresas en problemas antes que el despido.

Dentro de las iniciativas para mejorar la flexibilidad interna, Corbacho explicó que se facilitará la utilización de las cláusulas de descuelgue salarial, que permite a las empresas en dificultades no aplicar los incrementos acordados.

En la actualidad, la aplicación de esta cláusula debe ser acordada entre la empresa y la representación sindical y, si no acuerdo, la medida se rechaza. Por el contrario, el Gobierno quiere que, si no hay acuerdo, la propuesta de la empresa pase a un comité de arbitraje.

Este comité de arbitraje estará formado a un 50% por representantes empresariales y sindicales y deberá llegar a un acuerdo, a favor o en contra

en el plazo de diez días. Teniendo en cuenta que la negociación inicial tiene un periodo máximo de 15 días, si la empresa quiere descolgarse de las subidas salariales tendrá una respuesta en un periodo máximo de 25 días.

FOGASA

Otra de las medidas que incluirá el Real Decreto del Gobierno será que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) lo correspondiente a ocho días por año trabajado de la indemnización que cobre un trabajador despedido.

Sobre esta medida, Corbacho aclaró que es un primer paso para trasponer el llamado “modelo austriaco” y, por lo tanto, tendrá una aplicación temporal de, más o menos, un año y medio. Así, aseguró que no es el modelo definitivo, sino una respuesta coyuntural.

Para cuando transcurra ese año y medio, la negociación con sindicatos y empresarios deberá haber acordado cuál será el siguiente paso para establecer un modelo similar al austriaco, que supone la creación de un fondo personal por cada empleado que podrá capitalizar en caso de despido.

Asimismo, aclaró que estos ocho días que cubrirá el Fogasa durante este periodo se podrá sufragar con las cotizaciones que actualmente hacen las empresas a este fondo, por lo que aseguró que no será necesario incrementar estas aportaciones, a pesar de que en alguno de los borradores manejados durante la negociación sí que se incluía.

Otro de los puntos de la reforma en los que se detuvo Corbacho fue en lo referente a la intermediación laboral. En este aspecto admitió que “será objeto de discusión” ya que todavía no se ha cerrado y dejó claro que, de cualquier forma, será un “modelo de concertación” entre los servicios públicos y privados.

Asimismo, aclaró que hay algunos aspectos que no se podrán admitir, como que el servicio de mediación deberá ser gratuito para el parado ni se permitirá a las empresas de recolocación actuar sólo sobre los segmentos cualificados.

En principio, la idea del Ejecutivo es que la negociación colectiva en los distintos sectores fijen en qué actividades se puede permitir la entrada de las agencias privadas y en cuáles no.

Con estas medidas, el Gobierno pretende “sentar las bases de nuestro mercado laboral en un recorrido de largo plazo”, y advirtió que “nadie piense que resolveremos mañana el problema del empleo”.

También defendió que el objetivo de la reforma es “hacer atractiva la contratación, sobre todo la estable” y recordó que un parado tiene sólo un 8% de posibilidades de que le hagan un contrato indefinido y un 92% de que sea temporal. Así, el Gobierno quiere propiciar que ese nuevo contrato sea fijo.